Ley de Tierras: un fallo judicial obliga al Gobierno a preservar los datos sobre tierras rurales

La Justicia hizo lugar a una cautelar de la Defensoría del Pueblo bonaerense y ordenó al Ministerio de Justicia de la Nación informar y preservar datos sobre tierras rurales recopilados durante la vigencia de la Ley de Tierras.

La Corte Suprema responde por la Ley de Tierras

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 4 de La Plata intimó al Ministerio de Justicia a precisar el estado de actualización de sus bases de datos y a garantizar la conservación de todos los antecedentes registrales del suelo rural recopilados en los últimos 15 años. El fallo advierte que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación territorial y el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires. 

La medida judicial responde a una advertencia de la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, tras la derogación de la Ley de Tierras. El organismo alertó sobre la eliminación de controles clave, del mapa dominial y de las restricciones para la venta de campos a titulares extranjeros, lo cual pone en riesgo distritos con alta concentración de capitales internacionales como Zárate y Campana.

Desde la Defensoría enfatizaron que resguardar los datos registrales es fundamental para proteger la soberanía sobre los recursos naturales y la sustentabilidad ambiental. Según Lorenzino, la flexibilización de los controles no puede dejar a la provincia "a ciegas" sobre la propiedad y el destino del suelo rural bonaerense. 

“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, sostuvo Lorenzino.

“Proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”, sostiene el defensor

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Resistencia legislativa y estrategias para frenar la extranjerización de tierras

La oposición en el Congreso afina una contraofensiva para neutralizar el impacto del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y frenar la desregulación impuesta por el DNU 70/23 del Gobierno. Las distintas fuerzas opositoras convergen en la necesidad de resguardar el límite del 15% para la venta de inmuebles rurales a titulares extranjeros, al considerar que la flexibilización impulsada por la gestión oficial debilita la soberanía sobre los recursos naturales y promueve la especulación inmobiliaria sobre el suelo argentino.

Frente a este escenario, los sectores opositores evalúan diferentes caminos parlamentarios para restituir los controles. Entre las alternativas en discusión se destacan la convocatoria a una sesión especial para rechazar de manera definitiva el DNU en el Poder Legislativo, o bien la presentación de un proyecto de ley específico que vuelva a poner en vigencia las restricciones y mecanismos de control dominial, buscando sumar el respaldo de bloques aliados e independientes preocupados por el impacto ambiental y territorial en las provincias. Finalmente, el 1 de octubre, bloques opositores (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la Izquierda y Provincias Unidas) formalizaron ante la Presidencia de la Cámara de Diputados el pedido de sesión especial para el próximo jueves 15 de octubre.