“Estamos mirando”, afirma sin ofrecer más detalles una imagen con el mapa de las islas Malvinas posteada por la Secretaría de Inteligencia de Estado en su cuenta oficial de X el 14 de septiembre, un día antes de la presentación ante el Congreso del proyecto de ley de Presupuesto con las estimaciones de ingresos y gastos para 2027. Durante el próximo año, si lo previsto por el Gobierno se aprueba y aplica tal cual está, la oficina que conduce Cristian Auguadra tendrá disponibles $ 181.472 millones, lo que representa casi un 87% más de los recursos con los que comenzó en 2026 ($ 97.135 millones). En el proyecto remitido esta semana a la Cámara de Diputados el Ministerio de Economía eligió comparar el presupuesto vigente hoy (que aumentó dos veces durante este año, sumó un 82,1% y llegó a los $ 177 mil millones) con lo que dispondrá en 2027: así el incremento sería considerablemente más bajo, ya que rondaría el 2,5%.
Luego de la SIDE la cartera que más crecerá es la de Justicia, que tendrá un 74% de aumento: según las planillas anexas del proyecto y lo que surge de la comparación con 2026, pasará de los $ 218 mil millones a los $ 380 mil millones. Si se hace el mismo análisis en orden de menor a mayor las subas serán del 36,6% para Seguridad; 37,9% para Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; 41% para Defensa y Capital Humano; y 58,1% para Desregulación y Transformación del Estado.
Con el mismo nivel de detalle que el de la publicación citada al comienzo de esta nota –que aprovecha el reciente fervor del Gobierno por Malvinas– se destinarán $ 30.950 millones a erogaciones por las que no se rinden cuentas: figuran en las proyecciones como “otros servicios”, pero en el presupuesto abierto se puede observar que los únicos servicios que aparecen bajo esta denominación son los gastos reservados. Este año la SIDE había comenzado con un total de $ 19.096 millones para ese fin, los que, con diferentes ampliaciones presupuestarias, pasaron a los $ 26 mil millones. De ese total se ejecutaron $ 13 mil millones y $ 18 mil millones ya están comprometidos para ser devengados.
Si se mira el mapa completo, entre 2023 y 2027 el dinero asignado a la Secretaría de Inteligencia (hasta la gestión anterior Agencia Federal de Inteligencia) para cubrir gastos reservados tendría una ampliación del 4.661% ($ 650 millones estaban orientados a este ítem en 2023). En un año el crecimiento sería del 62% si se considera el monto asignado inicialmente en el presupuesto aprobado en 2026, muy por encima de la inflación proyectada para 2027 (18%).
En el detalle sobre las funciones del organismo el texto presentado este año replica exactamente el de 2026, y solamente le cambia el año por 2027: la Secretaría de Inteligencia de Estado tendrá las funciones de “elaborar y elevar a consideración del Poder Ejecutivo Nacional propuestas que garanticen la producción de información de calidad para preservar la seguridad interior y la defensa nacional; planificar y ejecutar las actividades de obtención y análisis de la información para la producción de inteligencia nacional y de contrainteligencia; dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, así como también las relaciones con los organismos de inteligencia de otros Estados”. También deberá “impulsar la formación, capacitación y actualización del personal perteneciente a la Secretaría de Inteligencia de Estado, a través de la Escuela Nacional de Inteligencia”.
Un día después de la presentación del proyecto de presupuesto se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1021/2026, en el que se aprobó el nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia. Entre otras cosas, como detalla una nota de PERFIL, establece requisitos para el ingreso (nacionalidad, títulos, aptitudes psicofísicas, conducta e idoneidad para el puesto a ejercer), prohibiciones (como utilizar información obtenida en el ejercicio de sus funciones, revelarla o divulgarla; la utiización de armas no autorizadas; aceptar dádivas; prestar servicios para personas humanas o jurídicas en materia de seguridad o inteligencia, entre otras) y especifica la liquidación de las remuneraciones (en donde se establecen bonificaciones, reintegros, indemnizaciones y asignaciones). En los anexos se describe también bajo qué condiciones se aplicarán las sanciones disciplinarias, los ascensos y la capacitación del personal.
Si bien se oficializó dos días después, en sus redes sociales ya el 14 de septiembre la SIDE anunciaba el nuevo esquema. “Durante décadas la Inteligencia de nuestro país sufrió las consecuencias de la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo”, afirman en un comunicado, en el que celebran también la decisión del Gobierno “de revertir definitivamente ese proceso y reconstruir una capacidad estratégica esencial para la defensa de los intereses nacionales”. El nuevo estatuto será, aseguran, “un hito en esa transformación”, ya que “por primera vez” la SIDE contará con una verdadera carrera de inteligencia.Este nuevo esquema llega con un gran incremento presupuestario orientado al pago del personal: un 80% más que lo proyectado para 2026 según lo que se desprende del documento que la legislatura tendrá que debatir para 2027.
