Giro en la causa de la "mansión de Pilar", atribuida a Toviggino: piden que el caso vuelva al fuero Penal Económico

El fiscal general Gabriel Pérez Barberá solicitó este miércoles que el expediente en el que se investiga la compra de la denominada “mansión de Pilar”, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, vuelva a tramitarse ante el fuero en lo Penal Económico.

El titular de la Fiscalía General ante la Cámara en lo Penal Económico sostuvo que no corresponde que el caso continúe en la justicia federal de Campana, donde actualmente se encuentra radicado el expediente.

De esta manera, los camaristas de la Sala en lo Penal Económico, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quedaron habilitados para definir si la investigación permanece en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, o si retorna al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, subrogado por la jueza Verónica Straccia.

Se trata de una controversia de competencia entre dos jurisdicciones judiciales. La investigación apunta a la compra de un inmueble de 105 mil metros cuadrados con helipuerto, registrado a nombre de la firma Real Central, integrada por el empresario Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Lucía Conte, quienes no contarían con capacidad económica declarada para justificar la operación.

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La principal hipótesis en análisis sostiene que Pablo Toviggino sería el verdadero propietario del inmueble. En el lugar se hallaron elementos vinculados a la AFA, entre ellos un bolso institucional y una plaqueta del club Barracas Central —presidido por el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia— con el nombre del dirigente. Además, se constató la existencia de 54 vehículos de alta gama con cédulas azules a nombre de familiares del tesorero.

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El expediente tuvo su inicio bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas, quien en diciembre ordenó el allanamiento de la propiedad. Posteriormente pasó al fuero Penal Económico, donde el magistrado Marcelo Aguinsky planteó como línea investigativa la posible utilización de fondos de la AFA para la compra del inmueble. En ese marco, Pantano habría contado con una tarjeta corporativa de la entidad con la que realizaba consumos mensuales estimados en 50 millones de pesos, además de afrontar pagos vinculados a los sistemas de telepeaje de los vehículos.

La defensa de Pantano y Conte solicitó que la causa se trasladara a la jurisdicción federal de Campana, bajo el argumento de que Pilar se encuentra dentro de esa competencia territorial y con cuestionamientos sobre la cercanía del tribunal con la AFA. La Cámara en lo Penal Económico hizo lugar al planteo, tras lo cual el juez González Charvay dispuso nuevas medidas, entre ellas un allanamiento a la sede de la AFA y la realización de peritajes contables sobre sus fondos para determinar eventuales desvíos.

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Sin embargo, los distintos fiscales que intervinieron en el expediente coincidieron en que la investigación debía regresar al fuero Penal Económico. En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había mantenido la causa en Campana y ordenó a la Cámara en lo Penal Económico resolver la competencia “con la celeridad que el caso impone”.

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En ese marco, el primer paso fue la intervención del fiscal general Gabriel Pérez Barberá, quien consideró que el fuero en lo Penal Económico resulta competente para investigar delitos vinculados al lavado de dinero. Sostuvo que “Ello responde a que el Fuero Nacional en lo Penal Económico de esta ciudad no solo es federal, sino además especializado en esa materia”.

El dictamen también señaló que la localización territorial del inmueble no constituye el único criterio para definir la competencia judicial. En esa línea, advirtió que las causas por lavado “presentan puntos de contacto con jurisdicciones territoriales diferentes”.

La Fiscalía destacó además, en sintonía con el criterio de la Cámara de Casación, que en el juzgado de Campana “se han llevado a cabo actos procesales que, sin dudas, implicaron un avance en la pesquisa en relación con el hecho investigado”, aunque remarcó que una situación similar se verificó durante la intervención previa del fuero Penal Económico.

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En su conclusión, Pérez Barberá sostuvo que, ante la falta de una delimitación territorial concluyente, corresponde la intervención del fuero especializado por su mayor idoneidad técnica, lo que “mejor garantiza la eficacia de la investigación”.

La decisión final quedará ahora en manos de la Cámara en lo Penal Económico, que además deberá resolver otra definición relevante en el expediente: la confirmación o no del procesamiento de Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes del fútbol por presunta retención indebida de 19.300 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes.

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