Un importante operativo de emergencia se activó durante la mañana de este miércoles luego de que apareciera un bolso considerado sospechoso en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, situada en Viamonte 1147, en el barrio porteño de San Nicolás. La persona que dejó la réplica de bomba fue captada por una cámara de seguridad que la Policía de la Ciudad estudia para dar con la identidad y la ubicación del individuo.
La situación motivó la puesta en marcha del protocolo de seguridad ante la eventual presencia de un artefacto explosivo dentro de un edificio judicial de alta relevancia. El procedimiento se extendió por más de dos horas.
Según informó la Policía de la Ciudad Policía de la Ciudad de Buenos Aires, personal del Escuadrón Antibombas, en conjunto con la División Delitos Constitucionales y distintas brigadas especializadas, intervino en el lugar tras la advertencia del personal de seguridad, que reportó el ingreso de un bolso arrojado al interior del edificio.
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De manera inmediata se dispuso el resguardo del área, la evacuación del inmueble y la convocatoria de equipos técnicos para el análisis del objeto.
Los equipos especializados llevaron adelante una inspección exhaustiva del bolso y determinaron que se trataba de una réplica de bomba aérea, sin presencia de carga explosiva ni sustancias peligrosas.
Con esa verificación, las autoridades descartaron cualquier tipo de riesgo para empleados y público, y habilitaron la reanudación de las actividades habituales en el edificio judicial.
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Desde la fuerza porteña se precisó que el operativo incluyó también la participación de personal de Riesgos Especiales y brigadas de explosivos, que trabajaron de manera coordinada para asegurar el perímetro de la zona. Durante todo el procedimiento no se registraron personas heridas ni daños materiales.
Investigación por intimidación pública tras el hallazgo de un falso explosivo en Tribunales
La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención de la Secretaría N°4, conducida por el doctor Esteban Murano. El expediente fue caratulado como intimidación pública, figura penal que alcanza a quienes generen alarma social mediante amenazas inexistentes o falsas.
En paralelo, las autoridades recordaron que la colocación, manipulación o abandono de elementos que simulen ser explosivos constituye una conducta penalmente grave, al tiempo que remarcaron la necesidad de dar aviso inmediato ante cualquier situación considerada sospechosa.
La División Delitos Constitucionales de la Policía de la Ciudad tiene a su cargo la investigación de hechos que afecten el orden institucional y el funcionamiento del sistema democrático, incluyendo delitos como sedición, atentados contra el orden público y acciones destinadas a obstaculizar el ejercicio de los poderes del Estado.
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