Miles de estudiantes y docentes de universidades públicas nacionales se congregaron este martes en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de los Tribunales, para reclamar a la Corte Suprema de Justicia que se expida cuanto antes en favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), entre otras, armaron aulas transitorias en la plaza, donde desde las 11 dictan clases públicas de ciencias exactas, naturales y sociales.
Universidades públicas y crisis educativa: la movilidad social está cada vez más limitada
La Corte Suprema es la última parada del largo derrotero de la ley 27.757 de Financiamiento Universitario. Fue aprobada por el Congreso de la Nación en 2024, tras la brusca caída del presupuesto para las universidades nacionales después de la prórroga del presupuesto 2023; el presidente Milei la vetó mediante el Decreto 879/2024, y el Congreso la ratificó en septiembre de 2025, en medio de una multitudinaria movilización.
Como el Gobierno se niega a cumplir la ley, incluso en estas circunstancias, el caso escaló al máximo tribunal de la Nación. Es por eso que la comunidad universitaria, tras cuatro marchas federales, desplazó la protesta al Palacio de Justicia.
Tras la masiva marcha de hace dos semanas y bajo el lema “Señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, esta jornada de protesta se extenderá hasta las 17.
Los principales sindicatos docentes del país convocaron juntos a esta protesta, impulsada también por los rectores de las universidades nacionales a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): “Reclamamos una respuesta urgente”, dijeron.
Qué dice la ley de Financiamiento Universitario
La ley declaró la emergencia presupuestaria del sistema universitario, estableció actualizaciones bimestrales de las partidas por inflación (combinando IPC, dólar y tarifas) y garantizó un porcentaje mínimo para gastos de funcionamiento.
La norma contó con amplio respaldo en ambas cámaras (media sanción en Diputados y sanción definitiva en el Senado con 57 votos a favor), pero fue vetada en su totalidad por el presidente Milei. El argumento central fue la incompatibilidad con el objetivo de déficit cero y el impacto fiscal.
Ante la persistencia de la crisis, con caídas reales del presupuesto de alrededor del 45%, en 2025 el Congreso retomó la iniciativa. Impulsado por rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes, estudiantiles y bloques opositores, se presentó un nuevo proyecto que buscaba actualizar automáticamente el presupuesto universitario y los salarios por IPC, recomponer ingresos, actualizar becas y garantizar fondos para hospitales universitarios, ciencia y extensión.
MB / AF
