Juicio político a los fiscales del caso Dalmasso: la abogada de los Macarrón dijo que "el mal desempeño operó como obstáculo legal"

El caso Nora Dalmasso sumará un nuevo capítulo este próximo miércoles, cuando el fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado, presente de manera formal la acusación contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles, que investigaron desde el inicio el crimen de la mujer ocurrido en 2006. Ante esta situación, la abogada que represente a su viudo, Marcelo Macarrón, y sus hijos, Facundo y Valentina, sostuvo que sus "errores" generaron impunidad.

Dalmasso fue abusada y asesinada en su casa del barrio Villa del Golf, de la ciudad de Río Cuarto, cuando se estaban realizando reformas en su domicilio. La investigación judicial siempre estuvo en el centro de las críticas, pero los cuestionamientos al trabajo de los primeros fiscales del caso aumentaron a fines de 2024, cuando las pruebas señalaron que había rastros de ADN del parquetista Roberto Bárzola en el lazo de la bata de baño de Nora.

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Más allá de ser el principal sospechoso del ataque, Bárzola fue sobreseído por prescripción -ya que pasaron más de 15 años del hecho-, decisión que fue apelada. Durante 16 años los fiscales investigaron la causa en diferentes momentos y en forma sucesiva, pero las hipótesis apuntaron en diferentes direcciones. 

La abogada Mariángeles Mussolini, representante de legal de los Macarrón, sostuvo que la detección tardía de un rastro genético en el cuerpo de la víctima expuso una serie de errores que debieron investigarse en su momento. "Hubo muchos errores, venimos tratando de lograr justicia por Nora Dalmasso todo este tiempo", dijo al medio Cadena 3.

Cuando comenzó la instrucción, Di Santo detuvo al pintor Gastón Zárate, bautizado por los medios como "El Perejil", ya que la comunidad de Río Cuarto estimaba que era un chivo expiatorio para cerrar rápido el expediente. Tanto Zárate -detenido en 2025 por el homicidio de un hombre- como Bárzola, que en la causa declaró como testigo, fueron algunos de los trabajadores que estuvieron realizando las reformas en Villa Golf.

Tras la liberación del pintor, la acusación fue dirigida por Miralles y primero apuntó contra Facundo, el hijo de Nora -planteando una presunta relación incestuosa-, y más tarde contra su viudo, Marcelo Macarrón. Esto se debió a que se había detectado "ADN de un integrante de la familia Macarrón" en la bata. Así, el fiscal analizó la posibilidad de que su esposo, que en el momento del asesinato estaba jugando al golf en Uruguay, pudiera haberse tomado un avión para cometer el crimen, lo cual nunca se comprobó.

Pizarro, por su parte, imputó a Macarrón por “homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria", es decir, acusándolo de presuntamente de haber contrado a un sicario para perpetrar el femicidio. Pero el traumatólogo fue absuelto en un juicio que se llevó a cabo en 2022, donde fue hallado "inocente". En 2025, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de Córdoba les inició un jury por "mal desempeño" y "negligencia grave", 

"Que se haya admitido el jury es muy importante para la familia y para obtener respuestas que la sociedad también necesita", argumentó la abogada de la familia. “El Ministerio Público tiene en sus manos los derechos de las víctimas y tiene que estar a la altura de las circunstancias”, expresó.

Al mismo tiempo, la letra indicó que su pleanteo es que el supuesto mal desempeño de Di Santo, Miralles y Pizarro "operó como un obstáculo legal y nos llevó a esta situación límite". Por último, destacó la investigación que llevó adelante en los últimos años el fiscal Pablo Jávega y lamentó que no se indagó en esas pruebas de ADN desde el inicio: “Uno se pregunta por qué eso no se hizo en 2007, cuando ya estaba la información”, cerró.

Los plazos del juicio político

La investigación por presunto mal desempeño recaerá sobre las cambiantes hipótesis investigativas que sostuvieron Di Santo, Miralles y Pizarro durante más de 15 años. La normativa establece un plazo máximo de 60 días hábiles, contados a partir de la acusación formal, para que el jurado de enjuiciamiento dicte una sentencia. 

El fiscal Delgado los acusará principalmente por “negligencia grave y mal desempeño”, basándose en los lineamientos del artículo 154 de la Constitución provincial. El resultado de las idas y vueltas durante la instrucción derivó en la prescripción la causa y la imposibilidad de que Bárzola sea condenado penalmente en caso de ser hallado culpable.

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La sospecha contra Bárzola

Después de que Macarrón fuera absuelto por la Justicia, el fiscal Jávega abrió una investigación "por la verdad" e incorporó otras muestras de personas que habían pasado por la casa de Dalmasso pero no se habían tenido en cuenta como sospechosos. A fines de 2024, una pericia determinó que ese ADN era de Bárzola y se logró establecer que un vello púbico hallado en la zona inguinal de la víctima también pertenecía al acusado.

Como el expediente está prescripto, el parquetista y lustrador de pisos no podría ser condenado ni cumplir una pena, a menos que el Superior Tribunal a menos que encuentre elementos para revertir la decisión. 

FP / EM