El fallo que anuló el sobreseimiento de Cristian Graf reabrió automáticamente la causa por el asesinato de Diego Fernández Lima. Los jueces de la Sala IV fueron categóricos al advertir que la resolución de primera instancia había clausurado prematuramente una investigación que, después de cuarenta años, exige una respuesta a la sociedad.
El giro se dio un año y medio después del hallazgo fortuito de los restos del adolescente, descubierto por obreros que trabajaban en el fondo de la casa de Graf, en avenida Congreso 3742. Allí vivía la familia del imputado desde los años 70. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó 151 fragmentos óseos y determinó que Fernández Lima murió por una puñalada en el tórax, “con la entidad suficiente para causar su deceso”, seguida de un intento de desmembramiento y entierro a escasos 60 centímetros de profundidad.
Para los camaristas, ese marco fáctico hace imposible limitar la responsabilidad de Graf a supuestas maniobras posteriores al hallazgo. Rodríguez Varela remarcó que “no existe contienda acerca de la muerte violenta sufrida por Diego Fernández” y que tampoco hay controversia sobre “la conducta desplegada por el imputado una vez descubiertos –o a punto de ser descubiertos– los despojos de la víctima”. De allí que considerara arbitrario que el fiscal hubiera recortado la imputación solo a los hechos del 20 de mayo de 2025, cuando fueron hallados los restos.
Por su parte, el juez Hernán Martín López fue aún más explícito: “La probada evidencia de que Fernández Lima murió por causas violentas conlleva al menos a sospechar que el imputado no era ajeno al hecho precedente”. Y subrayó que Graf vivía en la vivienda desde antes de la desaparición del adolescente y que ambos “resultaban ser compañeros de colegio”, vínculo suficiente, a su criterio, para impedir cualquier desvinculación. “Es poco probable que Graf sea ajeno, ya sea en torno a su causación, participación o así fuera por haberlo presenciado y/o encubierto a su autor”, entendió.
Los camaristas también cuestionaron la base sobre la cual se sustentó el sobreseimiento. Señalaron que las hipótesis de prescripción carecían de sustento y que el razonamiento del juez de primera instancia “soslayaba datos imprescindibles que se desconocen”, entre ellos la ausencia total de imputados por el homicidio. López advirtió que “no es posible declarar la extinción de la acción penal más allá del tiempo transcurrido” sin saber quiénes intervinieron ni si existieron causales de interrupción.
En el tramo final del voto, el magistrado consideró que la decisión de sobreseer a Graf implicaba “renunciar a la búsqueda de la verdad real”, una conducta incompatible –citó– con los estándares fijados por la Corte Suprema y la Corte Interamericana. La continuidad de la investigación, afirmó, es indispensable para resguardar los derechos de la víctima y evitar que el Estado incurra nuevamente en un escenario de impunidad.
El juez Julio Marcelo Lucini coincidió con esa mirada y fue tajante: “No hay posibilidad de desvincular, a esta altura, al nombrado del homicidio”. A su vez, recordó que la propia defensa había admitido en audiencia que Graf vivía en el terreno donde ocurrió el crimen y que la discusión sobre la “delimitación de tierras” carecía de sustento frente a los informes técnicos.
Con esos argumentos, la Cámara declaró nulas las actuaciones centrales del expediente y ordenó retomar la investigación. El fallo obliga ahora a reconstruir qué ocurrió en 1984 y qué grado de responsabilidad pudo tener Graf en la muerte, el desmembramiento y la ocultación del cuerpo de Fernández Lima. Cuarenta años después, la causa vuelve a abrirse.
