A fines de febrero vencerá el plazo para que el fiscal General, Juan Manuel Delgado, presente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Córdoba la acusación formal contra los fiscales de instrucción Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por la actuación que tuvieron en la investigación del crimen de Nora Dalmasso.
El 4 de diciembre se abrió formalmente el proceso de juicio político. La decisión del Jury fue unánime. Al presunto mal desempeño, le sumaron la presunta “negligencia grave”. Ambas calificaciones formarán parte de la acusación. A partir de la notificación, comenzaron a correr 30 días hábiles de plazo para que la Fiscalía General presente el escrito.
En aquel momento, Delgado sabía que su mandato finalizará el 31 de marzo de 2026 y se conocía el nombre de su sucesor, Carlos Rubén Lezcano. Tomó la previsión de sumar otra firma a la notificación, la de la fiscal general adjunta, Bettina Croppi.
La precipitada y sorpresiva creación de la Procuración Penitenciaria provincial y la designación de Croppi en el máximo cargo del nuevo organismo, no estaba en las presunciones iniciales.
Croppi decidió acompañar a Delgado hasta el 31 de marzo. Después asumirá como procuradora penitenciaria general.
Efecto colateral
¿Qué sucederá si hasta esa fecha el Jury no concluyó el debate oral y dictó sentencia en relación a Di Santo, Miralles y Pizarro?
Según pudo conocer Perfil CÓRDOBA, habrá una tercera firma en el expediente por parte de la Fiscalía General: ésta sería la del adjunto, José Gómez Demmel.
Después de que los fiscales presenten la acusación, se abrirá la presentación y pedido de pruebas y testigos.
Razones del Jury
Es un proceso inédito en Córdoba porque hasta ahora nunca se abrió un juicio político múltiple, a más de un magistrado simultáneamente. La excepción se da porque todos intervinieron en un mismo expediente judicial, desde 2006 a 2022.
La presunta negligencia se habría configurado por la omisión de una prueba que, después de 16 años, resultó dirimente.
El ADN presente en el cuerpo de la víctima es compatible con el de Roberto Bárzola, el parquetista que nadie investigó. El dato llegó demasiado tarde, cuando una instancia judicial resolvió que el hecho prescribió, aspecto que la familia discute y llevó al Tribunal Superior de Justicia.
