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RDC: España revisa el voto de los nacionalizados por la “Ley de Nietos”, ¿afecta a los argentinos?

En Ronda de Corresponsales (RDC) explicaron que la Junta Electoral Central acató de manera dividida una decisión del Tribunal Supremo que afecta temporalmente el derecho al voto de parte de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática.

Ley de nietos Foto: magnific.com

El corresponsal de +Perfil en España, Marcelo Molina analizó la controversia abierta en España alrededor de la denominada “ley de nietos” y el derecho al voto de quienes obtuvieron recientemente la nacionalidad española. La discusión adquirió especial relevancia para los argentinos, debido al importante número de solicitudes tramitadas desde el país.

La denominada “ley de nietos” es, en rigor, la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que habilitó distintas vías para que descendientes de españoles accedieran a la nacionalidad de origen. Hasta el 31 de mayo de 2026, las oficinas consulares habían recibido 1.225.188 solicitudes y aprobado 571.761 expedientes.

La revisión del padrón electoral español

Molina explicó que el punto en discusión no es la nacionalidad ya concedida, sino el derecho a votar de determinados nuevos ciudadanos españoles“La ley no es lo que está en duda ni lo que está en debate. Lo que está en debate es un punto que es exclusivamente el de poder votar”, remarcó.

La Junta Electoral Central acató, por una ajustada votación de 7 a 6, la decisión cautelar del Tribunal Supremo que obliga a revisar la situación electoral de personas nacionalizadas por esta vía. El conflicto gira alrededor de la acreditación de los supuestos previstos en la normativa, particularmente los relacionados con el exilio.

“Lo concreto es que hoy se empezaron a depurar los padrones y empezaron a sacar, por el momento, a todas estas personas que no han podido justificar el origen”, sostuvo Molina al explicar la aplicación de la medida.

El peso de los argentinos en la controversia

El periodista puso especial atención sobre Argentina. “El mayor aportante para el padrón son argentinos. Entonces, como es el número más significativo, empezaron a llamar en los medios a muchos argentinos”, señaló.

Según relató, algunos fueron consultados sobre las circunstancias en las que sus abuelos o bisabuelos habían abandonado España. “Empezaron a preguntarle por sus abuelos, por sus bisabuelos. Casi todos los que hoy están pidiendo son por los bisabuelos”, contó.

Molina sostuvo que en varios casos los entrevistados no conocían con precisión las fechas o los motivos de la emigración de sus antepasados. “Básicamente sabemos que los argentinos buscan el pasaporte español, no por el tema de votar, sino por una cuestión de conveniencia económica, de tener un pasaporte de la Comunidad Europea”, afirmó.

Argentina cuenta con una de las mayores comunidades de españoles residentes en el exterior y la decisión judicial generó preocupación entre descendientes nacionalizados recientemente.

La nacionalidad no está en discusión

Molina insistió en distinguir entre la ciudadanía obtenida y el ejercicio inmediato del voto. “La ley básicamente lo que hace es una reparación histórica por la gente que tuvo ese problema y le da la nacionalidad. Acá no está en duda la nacionalidad, está en duda puntualmente el hecho de votar”, explicó.

La legislación electoral española establece como regla general que el sufragio corresponde a los españoles mayores de edad y que, para ejercerlo, es indispensable estar inscripto en el censo electoral vigente.

El periodista también recordó que la interpretación administrativa de la Ley de Memoria Democrática quedó vinculada a una instrucción dictada en octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, entonces encabezada por Sofía Puente. Esa instrucción existe y fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado.

Una disputa política y judicial que continúa abierta

Durante el intercambio surgió además la discusión sobre si estos nuevos votantes podrían beneficiar electoralmente al oficialismo español. Molina evitó darlo por sentado: “Es relativo, nadie puede saber”, respondió ante esa hipótesis.

También remarcó que el conflicto se concentra especialmente en las próximas elecciones. “Esa gente probablemente a la larga va a poder votar porque, bueno, si vas cumpliendo distintas cosas. Lo que está poniendo en cuestionamiento la Justicia es que puedan votar en las próximas elecciones”, sostuvo.