Archivan una denuncia contra exministra chaqueña por presunto manejo irregular de fondos

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) del Chaco resolvió archivar la denuncia presentada en diciembre de 2023 contra María Pía Chiacchio Cavana, ex ministra de Desarrollo Social durante la gestión de Jorge Capitanich, y su madre, Graciela Cavana, ex subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. La presentación había sido impulsada por legisladores oficialista y apuntaba a un presunto conflicto de intereses por la “doble función” que ejercía Chiacchio Cavana: titular de la cartera social y, hasta enero de 2021 según la acusación, presidenta de la Fundación Paulo Freire, entidad que habría recibido más de $290 millones en fondos provinciales.

La denuncia sostenía que esa simultaneidad configuraba una violación a la Ley de Ética Pública y un posible incumplimiento de deberes de funcionario público. Según el escrito original, la fundación habría percibido recursos del Ministerio de Educación a través de las Unidades Educativas de Gestión Privada (UEGP), mientras familiares directos de la funcionaria ocupaban cargos de conducción en la institución.

Entre las pruebas aportadas por los denunciantes figuraban el acta de Consejo de Administración Nº 22 de fecha 18 de enero de 2021, el acta constitutiva de la fundación y resúmenes de pagos emitidos por la Tesorería General de la Provincia. Para los legisladores, todo ello evidenciaba un “flagrante conflicto de intereses” en el ejercicio del cargo.

Sin embargo, el organismo de control administrativo concluyó que no se acreditaron pruebas suficientes para sostener la acusación. En su resolución, la FIA señaló que “no surge de las constancias reunidas que la exministra haya intervenido de manera directa o personal en la asignación de fondos a la Fundación Paulo Freire” y que las transferencias “respondieron a convenios y programas preexistentes” implementados por el Ministerio de Educación.

Asimismo, el dictamen remarcó que no se demostró que la situación configurara una incompatibilidad legal en los términos previstos por la Ley de Ética Pública y que “no se verificaron conductas que permitan encuadrar el accionar de la exfuncionaria como incumplimiento de sus deberes”.

“Por más ruido mediático que quieran montar, la verdad siempre logra abrirse paso”, celebró la exministra y actual diputada provincia, apuntando contra los legisladores del oficialismo que la denunciaron.