Causa de lavado en Chaco: la Justicia anuló un fallo que cedía bienes decomisados de forma irregular

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia declaró la nulidad absoluta del fallo dictado el 5 de mayo por el juez federal Ricardo Mianovich, que había dispuesto inscribir dos inmuebles decomisados a nombre del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Gobierno del Chaco, y otorgar en forma definitiva una Toyota Hilux al Tribunal de Cuentas provincial.

La decisión se enmarca en la causa por lavado de activos y defraudación al Estado que tuvo como imputado principal a Omar Naldo Retamozo, fallecido en 2023, y que investigaba un entramado de empresas fantasma, facturación apócrifa y desvío de fondos del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV).

En su resolución, las juezas Patricia Beatriz García y Rocío Alcalá confirmaron el esquema fijado en noviembre de 2024: el 30% del valor de los bienes decomisados irá a la Unidad de Información Financiera (UIF) y el 70% restante se destinará a obras de infraestructura y viviendas públicas en Chaco,.

En cambio, la entrega de los inmuebles y la camioneta fue considerada arbitraria: el fiscal federal Patricio Sabadini y la UIF habían advertido que el juez se apartó de su propia resolución previa, no fundamentó el cambio de criterio, omitió la intervención de la UIF y no notificó a herederos ni cumplió con los requisitos legales para disponer de los bienes. Incluso, constató que la Hilux no pertenecía al fallecido sino a un coimputado, cuyo proceso sigue abierto, por lo que no podía ser objeto de decomiso definitivo.

Obras fantasmas y coimas: el trasfondo del caso

La investigación comenzó en 2022 con la denuncia de un hombre a sus propios hermanos, Rubén Antonio y Omar Naldo, de montar un circuito de empresas de fachada, entre ellas RyA Construcciones, para desviar 27 millones de pesos del IPDUV. La maniobra habría contado con la colaboración de altos funcionarios del organismo, que habrían recibido sobornos para facilitar pagos por obras inexistentes.

Según el expediente, en 2011 Rubén Retamozo declaró ingresos por apenas $5.832, pero registró movimientos bancarios por más de $2 millones, además de la compra de vehículos de alta gama, un motovelero, inmuebles y viajes internacionales. También se investigan operaciones similares con la firma Construcciones RA. La defensa de Rubén en cambio sostiene que la causa es fruto de una disputa familiar y política.

Un enfrentamiento judicial con historia

La resolución de ahora vuelve a enfrentar a Mianovich y al fiscal federal Patricio Sabadini, quien había calificado la cesión de bienes como una “sentencia arbitraria” y había insinuado motivaciones políticas detrás de la decisión. No es la primera vez que ambos se cruzan en causas de alto perfil: ya habían tenido choques en el expediente por lavado contra el dirigente piquetero Ramón “Tito” López.