Cesantearon a una agente del Registro de la Propiedad por falsificar la firma de su superior
Un decreto del Gobierno del Chaco dispuso la expulsión de una trabajadora del Registro de la Propiedad Inmueble de Sáenz Peña tras comprobarse irregularidades en una nota presentada para justificar inasistencias laborales.
El Gobierno del Chaco resolvió cesantear a una empleada del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) de Presidencia Roque Sáenz Peña luego de que una investigación administrativa detectara irregularidades en un documento incorporado a un expediente laboral.
La decisión quedó formalizada a través de un decreto del Poder Ejecutivo provincial, que avaló las conclusiones de un sumario administrativo iniciado para determinar la autenticidad de una nota presentada por la agente identificada con las iniciales M.M.A., quien se desempeñaba como personal de planta permanente del organismo.
La nota que generó la investigación
El expediente se originó a partir de una nota fechada el 10 de septiembre de 2021, presentada por la trabajadora dentro de un trámite administrativo vinculado a inasistencias injustificadas.
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En ese documento se intentaba acreditar que la agente cumplía tareas de manera regular en el área de Títulos Notariales del organismo. Sin embargo, la situación generó sospechas dentro de la dependencia.
La directora del Registro de la Propiedad Inmueble de Sáenz Peña advirtió inconsistencias en el escrito y manifestó que la firma que figuraba en la nota no le pertenecía. Según dejó asentado en las actuaciones, el documento no había sido elaborado, firmado ni sellado por ella.
Para respaldar su planteo, la funcionaria aportó modelos de documentos auténticos utilizados habitualmente en la dependencia, señalando diferencias en la firma y en la redacción del texto.
El sumario administrativo
A partir de esa denuncia interna se dispuso la apertura de un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
Durante el proceso se constató que la nota cuestionada había sido incorporada como elemento probatorio dentro de otro expediente, en el cual la trabajadora ya había sido investigada por inasistencias injustificadas y sancionada con 10 días de suspensión sin goce de haberes.
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En su descargo, la agente negó haber adulterado el documento y ofreció pruebas y testimonios. Dos compañeros de trabajo declararon en el expediente y destacaron su desempeño laboral, además de mencionar la existencia de conflictos internos en el ámbito laboral.
No obstante, ambos coincidieron en un punto que resultó relevante para la investigación: en esa dependencia no se utilizaba firma digital para la validación de documentos.
La conclusión de la investigación
Para la instrucción administrativa, ese dato fue determinante, ya que la nota presentada contenía una firma digital atribuida a la directora del organismo, algo que no se aplicaba en la dependencia.
En el informe final del sumario se concluyó que la incorporación de esa firma buscó dar apariencia de autenticidad al documento, lo que fue considerado una falta grave dentro del régimen disciplinario de la administración pública.
La Dirección de Sumarios recomendó aplicar una sanción, criterio que posteriormente fue analizado por la Asesoría General de Gobierno, que emitió el dictamen correspondiente.
El decreto de cesantía
Finalmente, el gobernador del Chaco firmó el decreto que dispuso la cesantía de la agente, al considerar que su conducta transgredió el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial y la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública.
En el documento oficial se señala que la trabajadora incumplió el deber de actuar con buena fe y mantener una conducta acorde a la función pública, además de haber incurrido en actos incompatibles con la moral administrativa.
La medida establece que la sanción expulsiva rige desde la notificación formal, dando por finalizado su vínculo laboral con el Estado provincial.
En paralelo, la directora del organismo había impulsado una denuncia penal por presunta adulteración de documento, aunque esa causa fue archivada el 31 de agosto de 2023 por el equipo fiscal interviniente. Pese a ello, el proceso administrativo continuó su curso y concluyó con la cesantía de la agente.
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