Cláusula gatillo docente: el STJ frenó la restitución automática pero ordenó recomponer salarios

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ) resolvió el conflicto por la cláusula gatillo docente y fijó un límite clave: la Justicia no puede imponer directamente un mecanismo de actualización salarial, pero el Estado sí debe garantizar la recomposición de los salarios docentes.

La sentencia Nº 70/26, dictada el 18 de marzo, analizó el amparo promovido por la Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco (SITECH) contra la decisión del Gobierno provincial de suspender en 2025 la actualización automática por inflación.

La cláusula gatillo no puede imponerse por fallo

El tribunal hizo lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Provincia y dejó sin efecto el punto del fallo de Cámara que ordenaba restablecer la cláusula gatillo en forma directa. Según sostuvo, esa decisión implicaba un avance del Poder Judicial sobre facultades propias del Ejecutivo y el Legislativo, que son los órganos competentes para definir la política salarial y el gasto público.

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En ese sentido, el STJ remarcó que cualquier modificación en las remuneraciones del empleo público debe estar respaldada por una ley y previsión presupuestaria, y advirtió que la Justicia no puede sustituir esas decisiones sin vulnerar el principio de división de poderes.

Reconocimiento del daño salarial y orden al Gobierno

Sin embargo, el fallo no convalidó la postura oficial en su totalidad. Por el contrario, reconoció que la eliminación de la cláusula gatillo, vigente de manera sostenida entre 2019 y 2025, tuvo un impacto directo sobre el poder adquisitivo docente y configuró una afectación a la intangibilidad salarial.

El tribunal consideró que la supresión del mecanismo de actualización, sin la implementación de alternativas, constituye una medida regresiva incompatible con el derecho a una retribución justa y con los estándares constitucionales y convencionales en materia laboral.

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En esa línea, ordenó al Poder Ejecutivo provincial que, con carácter urgente y dentro de un plazo razonable, adopte medidas normativas y presupuestarias para garantizar la actualización de los salarios docentes. Esto implica que la solución deberá surgir por las vías institucionales correspondientes, ya sea a través de una ley o de herramientas que aseguren la recomposición salarial.

Un conflicto abierto con impacto político y económico

El conflicto se originó luego de que el Gobierno de Leandro Zdero dejara de aplicar en 2025 el mecanismo de actualización atado a la inflación, que había sido implementado por decretos desde 2019. Mientras el Ejecutivo sostuvo que no existía obligación legal de mantenerlo, los gremios docentes argumentaron que se había consolidado como parte estructural del salario.

El fallo del STJ deja así un escenario abierto: descarta la restitución automática de la cláusula gatillo por vía judicial, pero obliga al Gobierno a dar una respuesta concreta frente al deterioro salarial docente. Además, advierte que, de persistir la inacción estatal, podrían adoptarse nuevas medidas para garantizar los derechos reconocidos.