El titular de La Libertad Avanza Chaco irá a indagatoria por afiliaciones “truchas” y presunta extorsión
El titular de La Libertad Avanza Chaco y delegado regional de ANSES deberá declarar el 28 de agosto ante la Justicia Federal. Está acusado de falsedad ideológica en documentos públicos, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario.
El Juzgado Federal N°1 de Resistencia confirmó que Alfredo José “Capi” Rodríguez deberá presentarse a indagatoria el próximo 28 de agosto a las 8:30 horas, en el marco de la causa que lo investiga por una supuesta red de afiliaciones partidarias falsas y extorsión a empleados públicos en Chaco.
Según la resolución firmada por el tribunal, la audiencia se realizará de manera virtual a través de Google Meet, bajo estrictas medidas de control judicial.
El requerimiento fiscal presentado por el fiscal Patricio Sabadini detalla que Rodríguez habría participado en al menos 40 hechos de falsedad ideológica de documentos públicos, cometidos utilizando su condición de funcionario. La acusación también incluye abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en concurso real.
La hipótesis central de la investigación sostiene que Rodríguez habría utilizado bases de datos oficiales de ANSES y PAMI para afiliar fraudulentamente a ciudadanos al partido libertario, muchos de ellos personas mayores, con problemas de salud o en situación de vulnerabilidad.
De los 45 testigos citados, 39 negaron haberse afiliado voluntariamente a La Libertad Avanza, y varios aseguraron que ni siquiera estaban en condiciones físicas o cognitivas de firmar un documento.
Rodríguez ya designó como sus representantes legales a los abogados Zacarías Issolio y Mercedes del Rosario Goitia, quienes fueron aceptados formalmente por el juzgado. Ambos figuran como apoderados en el expediente.
El dirigente libertario negó públicamente las acusaciones y sostiene que las denuncias responden a “maniobras políticas” destinadas a debilitar su liderazgo.
La Fiscalía también indaga un esquema de aportes económicos obligatorios exigidos a empleados públicos bajo amenaza de perder sus puestos de trabajo. Parte de esos fondos, según testimonios, se canalizaban a través de la Fundación Ideas de Libertad.
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