Escándalo en un hogar de ancianos: echaron a una empleada pública por irregularidades con pensiones
El Gobierno del Chaco firmó un decreto que dispuso la expulsión de una trabajadora de la residencia Nuestra Señora de la Esperanza. La investigación comprobó un manejo indebido de haberes de adultos mayores en situación de vulnerabilidad y se evalúa iniciar acciones legales.
El Gobierno del Chaco dispuso la expulsión de una trabajadora de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano, tras comprobarse a través de un sumario administrativo que había incurrido en manejos irregulares con haberes y pensiones de residentes de un hogar de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
La decisión quedó plasmada en un decreto firmado este domingo por el Ejecutivo provincial y recayó sobre E.N., agente que se desempeñaba en la Residencia para Adultos Mayores Nuestra Señora de la Esperanza.
Una investigación que comenzó en 2022
El proceso se inició en 2022, a partir de actuaciones administrativas que derivaron en un sumario disciplinario. En el expediente se documentó que la empleada incumplió el protocolo que regula la administración y rendición de haberes, lo que dificultó la trazabilidad de los recursos económicos de los residentes y generó sospechas de utilización indebida.
Los informes técnicos de la Dirección de Sumarios y de la Asesoría General de Gobierno coincidieron en que existió una falta de responsabilidad en el manejo de los fondos. En un primer momento se sugirió aplicar una suspensión de 30 días, pero la Unidad de Asuntos Jurídicos del ministerio consideró que se trataba de un comportamiento sistemático que ameritaba la sanción más severa: la cesantía.
En los considerandos, el decreto sostiene que la conducta de la agente constituyó una transgresión a las obligaciones previstas en el Estatuto del Personal de la Administración Pública (Ley Nº 292-A). El texto subraya que la trabajadora “incumplió deberes esenciales de resguardo y protección de adultos mayores en situación de vulnerabilidad”.
Además, se instruyó a Recursos Humanos a revisar si corresponde reclamar el recupero de haberes percibidos de manera indebida y se dio intervención tanto al Tribunal de Cuentas como a la Fiscalía de Estado, para habilitar acciones legales en caso de ser necesarias.
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