Fondos públicos, autos de lujo y testaferros: piden juicio para “piqueteros VIP” de Chaco

El fiscal federal Patricio Sabadini requirió este jueves la elevación a juicio de dos causas vinculadas a piqueteros cercanos a Jorge Capitanich. Se trata, por un lado, de la causa contra los denominados “piqueteros VIP”, encabezados por Lucas Alexis Torales Cordeiro y su entorno familiar; y por el otro, del proceso que involucra al dirigente social Marcos Antonio Cáceres, junto a su pareja y su hermana. En ambos casos, la acusación se centra en el lavado de activos agravado, con fondos que habrían tenido como origen recursos públicos canalizados a través de fundaciones y cooperativas.

De acuerdo a la investigación, Lucas Torales habría liderado un entramado económico ilícito junto a su padre José de Jesús Torales y su hermano Marcos Gabriel Torales. La hipótesis fiscal sostiene que utilizaron distintas fundaciones, entre ellas Jóvenes Líderes, La Revolución, Árbol de la Vida y 19 de Abril Qa’Naqui, como vehículos para recibir millonarios aportes estatales y darles apariencia de legalidad.

Informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) revelaron que entre 2019 y 2023 se retiraron en efectivo más de $130 millones, que luego ingresaban a cuentas personales de Lucas Torales para ser transformados en plazos fijos y operaciones bancarias incompatibles con su nivel de ingresos.

El expediente también documenta viajes al exterior, compra de dólares en el mercado informal, uso de criptomonedas y adquisición de autos de alta gama a nombre de sus familiares, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de testaferros. Entre los bienes bajo sospecha figuran un Ford Focus, un Honda Civic, una Ford Territory y otro Honda Civic 2020, todos vinculados a la familia Torales pero usados en forma exclusiva por Lucas.

La trama de Marcos Cáceres

En paralelo, el fiscal impulsó la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Marcos Cáceres, su pareja Lourdes Ruiz Díaz y su hermana María del Carmen Cáceres. La acusación los ubica como integrantes de otra estructura destinada a blanquear fondos públicos a través de fundaciones y cooperativas.

La investigación identificó la compra de vehículos de alta gama —entre ellos una Dodge Ram 1500, una Dodge Journey, varios Toyota Corolla y una Volkswagen Amarok—, así como la construcción de inmuebles de lujo en terrenos fiscales. Entre ellos se destaca un quincho con pileta valuado en más de USD 166.000 y el conocido “Quincho Isabela”, promocionado en redes para eventos sociales.

Entre 2020 y 2023, Cáceres habría retirado más de $107 millones en efectivo de cuentas vinculadas a la Cooperativa de Trabajo Central Progreso Ltda. y a la Fundación Juan Domingo Perón, entidades cuya actividad dependía casi por completo de contratos con el Estado.

Dos causas con un mismo patrón

Para la Fiscalía, ambos expedientes reproducen un esquema común: utilización de organizaciones sociales y fundaciones financiadas por el Estado, extracciones inmediatas en efectivo, colocación de fondos en plazos fijos, adquisición de bienes de lujo y el uso de familiares como prestanombres.

Sabadini pidió que Lucas Torales sea juzgado como autor de lavado agravado por habitualidad y organización, mientras que su padre y su hermano lo hagan como partícipes necesarios. En el caso de Marcos Cáceres, lo señaló como autor y a Ruiz Díaz y María del Carmen Cáceres como partícipes necesarias del mismo delito.

La decisión sobre si los expedientes avanzan a juicio oral quedará ahora en manos de la jueza federal de Resistencia, que deberá resolver en los próximos días.