AFILIACIONES TRUCHAS

Interna libertaria en Chaco: el presidente de La Libertad Avanza negó las acusaciones judiciales y denunció una operación

El equipo de Alfredo "Capi" Rodríguez difundió un comunicado para rechazar las imputaciones judiciales en su contra. El pronunciamiento se conoció pocos días después del fallo que restituyó a Ileana Aguirre en la vicepresidencia partidaria y volvió a exponer la fuerte disputa interna en el espacio.

Alfredo "Capi" Rodríguez. Foto: Facebook

En medio tensión interna dentro de La Libertad Avanza Chaco, el entorno del presidente del partido, Alfredo “Capi” Rodríguez, difundió un comunicado en el que calificó como una “opereta berreta de fin de año” a las acusaciones judiciales que lo involucran por presuntas afiliaciones irregulares. El texto cuestiona la difusión pública del procesamiento y sostiene que se trata de información “sesgada e incompleta”, con omisiones clave del expediente.

Según el documento, el auto de procesamiento contra Rodríguez no constituye una novedad reciente: fue dictado el 13 de noviembre, pero tomó estado público recién 45 días después. Desde su entorno subrayan que esa difusión tardía coincidió con la restitución de Aguirre en la vicepresidencia partidaria, lo que, afirman, refuerza la sospecha de una maniobra política interna.

La pericia caligráfica como eje de la defensa

El comunicado hace especial hincapié en la pericia caligráfica ordenada en la causa. Desde la indagatoria, la defensa de Rodríguez negó la autoría de las firmas cuestionadas y solicitó la prueba técnica, que fue realizada con intervención de una perito oficial de Gendarmería Nacional y un perito de parte.

De acuerdo con el informe incorporado al expediente el 3 de diciembre, "ninguna de las 69 firmas analizadas corresponde a Rodríguez", aseguran. Ese resultado, remarcan desde su equipo, se conoció después de que el procesamiento ya hubiera sido dictado, cuando la pericia aún estaba pendiente. Para el entorno del dirigente libertario, se trata de la prueba central del caso y descarta de plano la imputación.

Apelación y expectativa ante la Cámara Electoral

El procesamiento fue apelado el 16 de noviembre y la audiencia ante la Cámara Nacional Electoral quedó fijada para el 3 de febrero de 2026. Con la pericia ya incorporada, el comunicado sostiene que el escenario procesal "cambió sustancialmente" y que "existen fundamentos" para que la Cámara revoque la resolución cuestionada.

Además, el texto señala presuntas irregularidades jurídicas en el auto de mérito, al advertir que se le atribuyen delitos por los cuales Rodríguez no fue indagado, como el uso de documento falso, y la aplicación de agravantes vinculados a una supuesta condición de funcionario público que —afirman— no fue parte de la imputación original.

El rol de ANSES y el cuestionamiento al encuadre legal

Otro de los puntos centrales del descargo apunta a la acusación de abuso de autoridad mediante el uso de información de ANSES. Según el comunicado, la resolución judicial parte de un supuesto erróneo: considera a Rodríguez funcionario público al momento de los hechos, cuando la documentación oficial indica que su designación en el organismo se produjo con posterioridad a las afiliaciones cuestionadas.

Para el equipo del dirigente, ese dato invalida el presupuesto fáctico de la imputación y expone la debilidad del encuadre legal utilizado en el procesamiento.

Un conflicto atravesado por la interna partidaria

La difusión del comunicado se da en un clima político sensible, tras el fallo del Juzgado Federal de Resistencia con competencia electoral que dejó sin efecto la expulsión de Ileana Aguirre y ordenó su restitución como vicepresidenta de La Libertad Avanza Chaco. Esa resolución judicial profundizó una interna que lleva más de un año y que tiene como eje el enfrentamiento entre Aguirre y Rodríguez por la conducción del espacio.

Mientras desde el entorno del presidente partidario insisten en que las acusaciones responden a una maniobra política y mediática, sectores alineados con Aguirre denunciaron oportunamente un accionar arbitrario de la conducción, lo que derivó en la judicialización del conflicto.