Lavado III: el Tribunal Federal de Resistencia dictó duras condenas por corrupción y lavado en Villa Río Bermejito

El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este miércoles a los principales integrantes del denominado clan Hipperdinger en la causa conocida como “Lavado III”, un expediente emblemático por corrupción estructural y lavado de activos vinculados al manejo de fondos públicos en Villa Río Bermejito. La pena más severa recayó sobre José Héctor Hipperdinger, exsecretario de Gobierno municipal, quien recibió 15 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una multa equivalente a cuatro veces el monto de las operaciones investigadas y el decomiso de los bienes relacionados con los delitos.

La sentencia fue leída por el juez Juan Manuel Iglesias, quien además rechazó las nulidades planteadas por las defensas y por la Unidad de Información Financiera. El tribunal consideró probado que Hipperdinger actuó como organizador de una asociación ilícita destinada a desviar y blanquear dinero de origen ilícito, proveniente de la administración fraudulenta de recursos estatales.

Los delitos

Según la parte resolutiva, el exfuncionario fue hallado coautor penalmente responsable, en concurso real, de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública, delitos que concurrieron con lavado de activos doblemente agravado, tanto por la habitualidad como por su condición de funcionario.

Las condenas alcanzaron también a otros integrantes del entramado familiar y a colaboradores. Héctor Adrián Hipperdinger y Rosana Giménez fueron sentenciados a 13 años de prisión e inhabilitación perpetua, al ser considerados miembros de la asociación ilícita con participación agravada. En tanto, Rolando Hipperdinger y David Ricardo Lezcano recibieron penas de 8 años de cárcel.

Por su parte, Silvia Natalia Hipperdinger, Adriana Alejandra Hipperdinger y Nancy Beatriz Giménez fueron condenadas a 3 años de prisión en suspenso, además de multas, reglas de conducta y trabajos comunitarios no remunerados, bajo control del organismo de ejecución penal durante dos años. En todos los casos, el tribunal ordenó el decomiso de activos vinculados a las maniobras de lavado.

Durante el juicio quedó acreditado que la operatoria delictiva se sostuvo en el tiempo y tuvo como objetivo desviar fondos nacionales destinados a programas de vivienda para comunidades indígenas, mediante el uso de estructuras administrativas, cooperativas y empresas que simulaban legalidad en los movimientos financieros.

Los fundamentos completos del fallo serán dados a conocer el 4 de febrero de 2026, a las 12, instancia clave para eventuales apelaciones ante instancias superiores.