Tras la condena por el femicidio de Cecilia, los Sena enfrentarán ahora un juicio federal por lavado de dinero

A menos de una semana del veredicto que los condenó por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena y Marcela Acuña vuelven a quedar en el centro del sistema judicial. La Justicia Federal de Resistencia resolvió elevar a juicio oral la causa por lavado de activos agravado, un expediente que se abrió a partir de los allanamientos realizados durante la búsqueda de la joven y que derivó en una investigación patrimonial.

La decisión fue firmada por el juez federal Ricardo Mihanovich, quien dio por concluida la etapa de instrucción y avaló el requerimiento de elevación presentado por el fiscal Patricio Sabadini. Para el Ministerio Público, la causa cuenta con documentación, movimientos bancarios y pruebas contables suficientes para reconstruir un esquema de desvío sistemático de fondos estatales.

Un patrimonio que no coincide con los ingresos declarados

Según la imputación fiscal, el matrimonio Sena-Acuña habría utilizado recursos provenientes de contratos con organismos provinciales para adquirir vehículos, financiar viajes al exterior y comprar inmuebles, operaciones que fueron ocultadas bajo la estructura de la Fundación Dr. Saúl Andrés Acuña, presidida por Sena y administrada por Acuña.

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El expediente describe un incremento patrimonial imposible de justificar a partir de los ingresos formales que declaraban los dirigentes. La AFIP y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor detectaron altas sucesivas de camionetas Toyota Hilux, un camión Ford F-350, un acoplado, propiedades urbanas compradas por boleto y tierras adjudicadas por el Instituto de Colonización, además de un movimiento constante de fondos en efectivo que imposibilitó trazar su origen.

La investigación también documenta viajes reiterados a Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia, desplazamientos “absolutamente incongruentes con el perfil fiscal” del matrimonio, según afirmó la fiscalía.

Un caso que nació tras el allanamiento en plena búsqueda de Cecilia

El origen del expediente federal se remonta al 9 de junio de 2023, cuando, durante un allanamiento en la vivienda del clan Sena por la desaparición de Cecilia, se secuestraron más de seis millones de pesos en efectivo cuyo origen no pudo ser explicado. Ese hallazgo fue el punto de partida para una pesquisa que avanzó sobre balances, contratos y vínculos financieros de la fundación que dirigía la familia.

Mientras tanto, la causa principal llegó a juicio por jurados: el tribunal popular declaró a César Sena autor del femicidio, y a Emerenciano y Acuña partícipes primarios. Todos recibieron condenas a prisión perpetua.

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Contratos con el Estado y fondos sin destino claro

Los investigadores detectaron que la fundación del clan concentró una facturación exclusivamente estatal, llegando a recibir más de $50 millones en 2022 y $186 millones en 2023, solo del IAFEP. En ese marco:

• Los balances de 2022 registraron gastos por mano de obra y materiales que crecieron 238% en términos reales, sin respaldo documental equivalente ni empleados registrados.

• Se pagaron anticipos millonarios para la construcción de 40 viviendas, obra que nunca se ejecutó.

• Tras las inspecciones, la fundación ofreció como dación en pago un camión Mercedes-Benz Atego 1721, comprado con fondos estatales, movimiento que la fiscalía calificó como “improcedente”.

El informe de los interventores de la Inspección General de Personas Jurídicas —que dispuso la disolución y liquidación de la fundación— reveló un faltante de $62,7 millones y anticipos no utilizados para viviendas sociales.

Sabadini: “La estructura fue utilizada para blanquear fondos provenientes de fraudes al Estado”

En su dictamen, el fiscal Sabadini sostuvo que la investigación está en condiciones de avanzar al debate oral porque la instrucción permitió demostrar maniobras compatibles con lavado de activos agravado por habitualidad, previsto en el artículo 303 del Código Penal.

Sostuvo que Sena y Acuña “pusieron en circulación fondos de origen ilícito vinculados a fraudes a la administración pública”, valiéndose de la estructura formal de la fundación para “aplicar” dinero espurio mediante balances inflados, compras sin respaldo y extracciones masivas en efectivo.

El avance del expediente también permitirá discutir medidas de decomiso y pérdida de bienes, de acuerdo con el artículo 305 del Código Penal.

Tras recibir perpetua por el femicidio, Sena y Acuña enfrentarán un proceso federal cuya pena máxima puede llegar a los 10 años de prisión, agravada por la presunta habitualidad de las maniobras. El Tribunal Oral Federal de Resistencia definirá la fecha del debate en las próximas semanas.