Malicia o ignorancia en la educación universitaria argentina

En una nota publicada por el Diario Clarín el pasado 3 de marzo, Lucía Zaragoza y Gastón Kelly Grinner vuelven sobre una idea que siempre aparece cuando se discute el financiamiento universitario o educativo en general: ¿por qué no pagan quienes pueden hacerlo?

La pregunta está formulada para inducir en quien es interrogado la rudimentaria certeza que parece surgir del más básico sentido común. ¿Por qué una sociedad empobrecida, que “no tiene plata”, financia con los impuestos a los pobres el derecho a la educación de los ricos? Así formulada, casi no deberían quedar dudas.

Pero como sucede con casi todo lo que intenta ser simplificado hasta el punto de volverse una caricatura, en este caso la pregunta esconde mucho más de lo que parece, incluso la manipulación o la ignorancia de quienes la formulan (porque no hay otra opción lógica).

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En primer lugar, los autores afirman que el “37% del estudiantado” –no sabemos bien de cuál, pero podemos suponer que se refieren al estudiantado universitario– proviene del 20% más rico de la sociedad. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que produce el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el 3 trimestre de 2025, los estudiantes universitarios y de posgrado, de los dos deciles de mayores ingresos –agrupados en términos de ingreso per cápita familiar–, que asistían a establecimientos públicos, eran el 17% del total. 

Primera cuestión, entonces: no se sabe muy bien de dónde sale el dato del 37%.

En segundo lugar, la eliminación de los aranceles universitarios fue pensada –y así quedó explicitado en el decreto que la estableció en 1949– no exclusivamente desde un punto de vista del derecho individual de quien pudiera o no pagar sus estudios, sino como parte del derecho colectivo, de la Nación, a tener la mayor cantidad de graduados y graduadas universitarios posibles; porque se entiende que de ello, en parte, depende el futuro colectivo. 

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En otras palabras, la sociedad argentina ha entendido hace mucho algunas cosas obvias: que en un país tan desigual como el nuestro, sin la intervención estatal habría bienes y servicios que no se producirían con la escala en la que son necesarios para el desarrollo nacional; que vale la pena construir un país en el que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para garantizar que un vecino o vecina no tenga que vender un órgano si quiere estudiar; y que aún quien nunca vaya a pisar una universidad se va a ver beneficiado o beneficiada si hay más médicos, ingenieras, maestros.

En tercer lugar, y lo más irritante de la nota, es que parece desconocer que está escrita en un momento donde el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra no sólo incumpliendo una ley votada por amplias mayorías del Congreso Nacional –que además reunió los dos tercios necesarios para rechazar un veto presidencial–, sino que además se encuentra incumpliendo una medida cautelar que desde diciembre pasado lo obliga a pagar inmediatamente dicha Ley. 

¿No tienen para decir nada los autores sobre el asunto? ¿Tenemos que suponer que para quienes escriben las únicas leyes que hay que cumplir son aquellas con las que están de acuerdo? Porque, más allá de los argumentos que nosotros, nosotras o ellos puedan esgrimir, aún vivimos en una República y existen instituciones y dispositivos que deberíamos respetar para dirimir dichas diferencias. Salvo que ya no seamos una República y nosotros no nos hayamos enterado.

En cuarto lugar, y vinculado a lo anterior, hay algo que los autores parecen ignorar. En su nota afirman, con razón, que “una parte importante de la recaudación proviene de tributos al consumo, que pagan todos, incluidos los hogares de menores ingresos”. Es cierto. 

También es cierto que Argentina ha terminado los dos años que van de la gestión presidencial de Javier Milei con el gasto público en educación superior más bajo de América Latina, según puede deducirse comparando con los últimos datos disponibles que pueden consultarse en la Red Iberoamericana de Indicadores de la Educación Superior.  

Es más, aun si se cumpliera la Ley de Financiamiento Universitario, Argentina tendría un gasto en educación superior que estaría por debajo del promedio regional, con la tasa de matriculación más alta de la región y un sistema universitario que es, además, el centro de la producción científica y tecnológica del país, como no lo es en ningún otro lugar del continente. Por último sobre este tema, un dato de color: sólo con el gasto en intereses capitalizables de julio de 2025 se podrían haber financiado más de 10 años de la ley de financiamiento universitario. Repitamos: un mes de gastos de intereses, diez años de ley de financiamiento universitario. Eso también sale de los impuestos, ¿no?

En definitiva, preguntarse por la “igualdad de oportunidades” y el “financiamiento a los ricos” en este contexto de obscena destrucción del sistema universitario y violación de las más elementales normas de convivencia democrática, sólo puede ser producto de la ignorancia o la malicia. 

Que el Gobierno Nacional cumpla sus obligaciones, cumpla la Ley y respete los fallos judiciales y, luego, discutamos los márgenes de los problemas que queden por conversar. 

*Vicerrector en Ejercicio del Rectorado de la Universidad Nacional de General Sarmiento
**Rector de la Universidad Tecnológica Nacional