Megaminería, Vaca Muerta y otras amenazas

La cumbre climática o COP 30, se acaba de realizar en la ciudad brasilera de Belém, en medio de crecientes tensiones geopolíticas y urgencias para frenar la aceleración de la crisis socio-ecológica de la que el cambio climático es su expresión más visible. Luego de tres cumbres en países productores y comercializadores de petróleo (Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiján), Belém era un símbolo que auguraba compromisos fuertes colocando a la selva amazónica y a América Latina como centro de una crisis planetaria. 

América Latina es una de las regiones donde más crecieron la temperatura y los fenómenos hidro-meteorológicos extremos (tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor), destruyendo infraestructuras y entornos naturales, además de cobrarse vidas. Asimismo, América Latina es la región que registra el más alto número de personas asesinadas por sus actividades en defensa del medio ambiente.

La región no solo sufre por las emisiones de carbono de ciertas industrias, sino también por deforestación, minería a cielo abierto, contaminación de reservas acuíferas, extracción de gas con métodos no convencionales, agotamiento de suelos por uso de agroquímicos. Estos procesos que transforman recursos naturales colectivos para beneficio de minorías opulentas, ya amenazan la disponibilidad de agua, el futuro abastecimiento energético, la salud y la inseguridad de la población, al tiempo que aumentan la probabilidad de eventos catastróficos.

Dadas estas conocidas evidencias consecuencias dañosas, se esperaban compromisos que, por ejemplo, llevaran a la eliminación en un corto plazo de actividades de extracción de combustibles fósiles y desmantelamiento de infraestructuras vinculadas a las mismas. 

También, la promoción de actividades alternativas que comprometieran a gobiernos y corporaciones en la imprescindible transición energética. Esto no sucedió, comprobándose una vez más que la humanidad está en manos de elites gobernantes y grupos de poder privado que están dispuestos a desestabilizar la vida en la Tierra para continuar ganando dinero. 

El gobierno argentino es promotor y cómplice de estas acciones probadamente dañinas; prueba de ello es el proyecto de mega-minería en Mendoza, que ha desatado una comprensible resistencia, al cual se suman numerosos “emprendimientos” que amenazan el medio ambiente en el territorio del país. 

La complicidad entre gobiernos y corporaciones sugiere que continuará subsidiándose la extracción de combustibles fósiles, ampliando la red de gasoductos y otras infraestructuras de larga vida útil, cuya amortización no será factible porque el eco-sistema no lo puede resistir. Según el Global Energy Monitor, más de 200 proyectos nuevos o ampliados de petróleo y gas y más de 850 minas de carbón están en desarrollo o han recibido aprobación en el mundo. 

La complicidad entre gobiernos y corporaciones sugiere que continuará subsidiándose la extracción de combustibles fósiles"

Además, en 2023 existían 825 refineríasy se prevé que la capacidad total de las unidades de destilación de crudo aumente en 15% para 2027. Para peor, los daños de las infraestructuras de petróleo y gas persisten mucho después de su desmantelamiento, debido a fugas de metano y otras consecuencias dañosas. Como el desmantelamiento de estas infraestructuras y su posible reconversión no está previsto en los proyectos que se siguen aprobando, la proyección a futuro es desesperante. Mucho más con la aterradora escalada bélica entre potencias y también en países subordinados, el aumento del gasto militar y la caída del precio del petróleo.

Todo lo anterior refuerza incentivos perversosen una de las principales actividades responsables de la crisis socio-ecológica y mayores retrasos en su reemplazo. En la última década, los combustibles fósiles fueron responsables del 86% de las emisiones de dióxido de carbono y las minas de carbón arrasan terrenos, contaminan las vías fluviales con drenaje ácido y liberan polvo y partículas nocivas para la vida. Como resultado, las evidencias científicas indican que ya se agotó la posibilidad de alcanzar el objetivo de 1,5°C de temperatura planetaria por encima de la pre-industrial; a este ritmo, no podrá alcanzarse siquiera el objetivo de 2°C, con consecuencias imprevisibles.

Argentina es cómplice de esta situación, promocionando todo tipo de actividades contaminantes, desde el aplaudido proyecto de Vaca Muerta, cuyo adjetivo es premonitorio del impacto que tiene sobre la vida en su entorno ambiental, hasta minería a cielo abierto, aumento de la degradación de suelos productivos por uso de fertilizantes tóxicos, todo lo cual se pretende potenciar con la derogación de la ley de glaciares.

Estos procesos destructivos de la vida en beneficio de los grupos más opulentos, está vinculado con la creciente desigualdad económica y social: las responsabilidades, los costos y beneficios de la crisis socio-ecológica se distribuyen de manera desigual tanto entre países como dentro de ellos. Así, se estima que el 89% de la población mundial que está expuesta a inundaciones vive en países de ingresos bajos y medios. 

Además, se calcula que el 50% más pobre del mundo es responsable sólo del 10% de las emisiones globales a través de su consumo, mientras que el 10 % más rico representa el 47%. Las emisiones per cápita de una persona perteneciente al 1% más rico a nivel mundial son 75 veces mayores que las de una persona del 50% más pobre.

Como esa mitad más pobre de la población mundial posee solo el 3% de la riqueza global, no tiene recursos propios para cubrirse de los daños,soporta la mayoría de las pérdidas relativas de ingresos, sufre los impactos de desplazamientos, el deterioro de viviendas y salud, etc. 

En contraste, el 10 % más rico posee el 74% de la riqueza global y sigue acumulando recursos para aliviar los impactos dañinos de la crisis socio-ecológica que los reconoce como principales responsables. Pese a ello, los ricos del mundo continúan decidiendo la trayectoria de inversiones contaminantes que generan gran parte de sus ganancias. 

Consistentemente, a nivel mundial, en las últimas tres décadas la participación del sector privado en la riqueza total aumentó del 82% al 85%, mientras que la del sector público cayó del 18% al 15%, con divergencias regionales muy marcadas. La mayoría de los activos de empresas contaminantes están en manos de inversores privados en países de la OCDE, con intereses y socios en países periféricos como Argentina. 

La codicia de las minorías opulentas explica el fracaso de la COP 30 así como su ataque a las capacidades de los Estados para regular actividades contaminantes"

El rechazo de estos grupos opulentos y sus cómplices gubernamentales a asumir las pérdidas de sus inversiones y de su estándar de vida contaminante, es la principal causa del retraso en políticas para mitigar y adaptarse a la crisis socio-ecológica. 

Esto, pese a que las pérdidas potenciales de esos grupos son proporcionalmente pequeñas en comparación con su riqueza total: se estima que en Estados Unidos el valor agregado de los activos que perderían valor por el cambio de matriz energética representa apenas el 0,4% de la riqueza neta del 10% más rico.

La codicia de las minorías opulentas explica el fracaso de la COP 30 así como su ataque a las capacidades de los Estados para regular actividades contaminantes y promover otras formas de vida que permitan enfrentar la crisis.

Para cerrar este cerco sobre los Estados y la mayoría de la población, se imponen costos muy elevados en relación con litigios que se deberán afrontar si se abandonan los contratos firmados para continuar con actividades contaminantes. 

Los proyectos de petróleo y gas protegidos por acuerdos entre inversores y Estados, y que tendrían que cancelarse para alcanzar los objetivos de descarbonización profunda, podrían tener un valor actual neto global de entre 60.000 y 234.000 millones de dólares estadounidenses.

El recientemente aprobado RIGI en Argentina es un ejemplo de estas prácticas chantajistas que otorgan beneficios a privados en el presente obligando a soportar inexorables costos económicos y sociales futuros.

Hay muchas más evidencias del desastre que genera este régimen económico y social contaminante que beneficia a una minoría codiciosa y condena al resto a una crisis que reclama urgentes medidas. Se sugiere que todavía hay tiempo para encontrar soluciones “técnicas” al problema. 

No es así: la crisis socio-ecológica ya llegó a un punto de inflexión que obliga a tomar decisiones drásticas. De hecho, en sus orígenes, la palabra “crisis” se vincula con la idea de “decisión”. Las crisis son situaciones que no pueden prolongarse en el tiempo, en las que hay que tomar decisiones urgentes porque el statu quo se vuelve insostenible y no se avanza en su reemplazo. 

La aceleración de la crisis socio-ecológica por falta de acciones que la detengan obligan a prohibir inmediatamente todas las inversiones en combustibles fósiles y otras actividades contaminantes, promoviendo otras que son propias de la transición energética. 

En lugar de subsidiar actividades contaminantes, hay que penalizar fiscalmente el contenido de carbono de todos los activos, ya sean físicos o financieros. La tributación sobre activos contaminantes es incluso más justa que la que penaliza el consumo, porque la mayoría de los consumidores carecen de capacidad de decisión, información o alternativas asequibles que permitan modificar sus patrones de consumo. En cambio, los propietarios de activos contaminantes pueden decidir invertir en otros activos su descomunal riqueza y de ese modo influir positivamente en la ya desesperante carrera para frenar la degradación ambiental.

Argentina es cómplice de esta situación, promocionando todo tipo de actividades contaminantes, desde el aplaudido proyecto de Vaca Muerta hasta minería a cielo abierto, aumento de la degradación de suelos"

También hay que imponer salvaguardias legales para proteger a las generaciones futuras del latrocinio que significan los potenciales litigios por abandonar esas actividades contaminantes y avanzar en el desmantelamiento de las infraestructuras vinculadas a los combustibles fósiles. En su reemplazo, se requiere un amplio programa para la construcción de nueva infraestructura en el sentido que reclama la transición energética: estas son las inversiones social y económicamente rentables hacia futuro.

Esto reclama un programa de re-capitalización y fortalecimiento regulador del Estado y la sociedad civil; grandes transformaciones tecnológicas —desde la industria aeroespacial hasta las digitales— fueron impulsadas por la inversión pública, por lo que existe una sólida justificación para que la acción pública en esta emergencia, financiando los proyectos a largo plazo y de alto riesgo que los actores privados evitan. 

Como es evidente, todo lo que está haciendo el gobierno argentino, y la mayoría de otros gobiernos, va en sentido contrario a lo señalado. Se sigue subsidiando actividades contaminantes para beneficio de unos pocos y en contra de la prosperidad de la mayoría de las generaciones presentes y futuras, mientras se recortan gastos sociales y cualquier promoción a actividades no contaminantes. Esta situación no deja otro camino: hay que sublevarse desde abajo contra la irracionalidad y codicia de quienes están arriba.

La resistencia en Mendoza al proyecto promocionado por los gobiernos nacional y provincial, como tantas otras resistencias de igual tenor, debe apoyarse abiertamente para obligar a un cambio de este régimen económico y socialcontaminante. 

Sublevarse contra quienes se apropian de recursos comunes y amenazan la vida en nuestras sociedades ya no es una opción: es una necesidad imperiosa dada la irracionalidad y la codicia de las elites dirigentes.