Mirar más allá del cierre de una escuela

A partir del cierre del Instituto Formar Futuro de Villa Real, después de incumplir con el pago de salarios y dejar sin horizonte a las familias, es necesaria una nueva perspectiva de análisis que aborde la cuestión de la propiedad de las escuelas de gestión privada y ahonde en la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad.

Hace ya varios años que se anuncia el cierre de escuelas de gestión privada. Las razones que se arguyen (baja de natalidad y matrícula, morosidad, costos, y hasta la supuesta migración de familias hacia afuera de la ciudad), sólo dan cuenta de una parte de la historia. ¿Qué pasa con la propiedad de esas instituciones?

Como sucede en el sector empresarial en general, hay una progresiva concentración de empresas; las más pequeñas no podrán sobrevivir donde rige la ley del más fuerte, serán absorbidas o terminarán colapsando. Además, hay un fenómeno que atraviesa a empresas y empresarios: la diversificación de negocios, ya sea para compensar algún traspié circunstancial o fracaso, o bien para amplificar la tasa de ganancias. En este sentido, entra en juego el negocio inmobiliario; una inversión en ese rubro puede ser mucho más rentable que una escuela.

Cobraron las matrículas 2026, el subsidio del Gobierno de la Ciudad (80% de los sueldos docentes) y se fugaron. No pagaron los sueldos ni de diciembre ni de enero, y a fin de ese mes dijeron que la escuela no volvería a abrir." 

Ahora bien, a las dueñas y dueños de establecimiento educativos, ¿les interesa la educación? ¿Se atribuyen un rol social al crear una institución de formación para niños, niñas y adolescentes? ¿O solo vieron un negocio en un momento determinado? 

Todo esto viene a cuento del cierre del Instituto Formar Futuro (A-565) (IFF), ubicado en Villa Real, CABA, tema que ya ocupó páginas y páginas de noticias, y minutos de TV. Cobraron las matrículas 2026, el subsidio del Gobierno de la Ciudad (80% de los sueldos docentes) y se fugaron. No pagaron los sueldos ni de diciembre ni de enero, y a fin de ese mes dijeron que la escuela no volvería a abrir. En el camino, “saltó la ficha”. Había un proceso de concurso preventivo desde hacía 11 meses, pero el personal no tenía conocimiento; por cierto, entre los acreedores había empresas que nada tienen que ver con la función educativa (¿por qué será?). Había una calificación de deuda irrecuperable en la Central de Deudores del BCRA, y varios juicios más. 

La Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación de la Ciudad un organismo que tiene asignados, para 2026, más de 459 mil millones de pesos para “Transferencias al sector privado”. ¿No debería mantenerse alerta a este tipo de situaciones? ¿No debería fiscalizar a quién le entrega subsidios? ¿O sólo se propone fiscalizar a las universidades -presupuestariamente autónomas- o a los comedores populares? Los juicios de concursos preventivos se publican en el Boletín Oficial; la información del BCRA es pública. Se pueden gestionar informes financieros por módicas cuotas. Llamado para la Auditoría General de la Ciudad.

Las autoridades pedagógicas de la DIEGEP llegaron a plantear que las y los docentes, al margen de la resolución del “problema laboral” y el cobro de salarios atrasados, tomarán exámenes a estudiantes que adeudaban materias o contenidos. Dado el contra planteo docente, llegaron a afirmar que verían la forma de tomar los exámenes, exponiendo una discrecionalidad que roza la ilegalidad.

Había un proceso de concurso preventivo desde hacía 11 meses; entre los acreedores había empresas que nada tienen que ver con la función educativa; había una calificación de deuda irrecuperable en la Central de Deudores del BCRA, y varios juicios más.

Retomando la pregunta acerca de la intencionalidad de quienes “emprenden” en la educación de gestión privada, ahí está el meollo de la cuestión, que se cruza indefectiblemente con la responsabilidad ineludible e irrenunciable del Estado en cuanto a garantizar el derecho a una educación pública, laica, gratuita y de calidad. Algo que el gobierno de la Ciudad claramente no tiene entre sus prioridades. También sería apropiado preguntarse si la cuestión educativa -estratégica para el desarrollo nacional- debiera entrar en la lógica de la rentabilidad empresaria.

Estimativamente, entre estudiantes de todos los niveles, familiares directos y docentes, la cuestión educativa impacta de forma directa a dos millones de personas en CABA. Lo sucedido con el IFF, que no es el único caso, es un llamado a la reflexión sobre las mieles de la educación de gestión privada y sobre la desinversión en educación de gestión estatal. 

También es un llamado de atención para las y los habitantes de Buenos Aires que eligen periódicamente a quiénes les gobiernan, y a quienes dictan las leyes que organizan el funcionamiento de nuestra sociedad en la que, todavía, la educación es algo relevante.

* Profesor de Economía