Desapariciones forzadas: cómo se reconstruye un crimen cuando no hay testigos y se desconoce el paradero

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemoró este domingo 30 de agosto, volvió a poner el foco sobre uno de los delitos más complejos de investigar: aquellos casos en los que una persona es privada de su libertad con participación directa o indirecta de agentes del Estado y luego se niega información sobre su paradero.

En ese contexto, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) publicó un nuevo informe en el que analiza los estándares de las pruebas que deben aplicarse en las investigaciones por desaparición forzada de personas. El documento reúne criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), protocolos internacionales y antecedentes de casos investigados por la Justicia federal argentina.

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El informe titulado Estándares probatorios en el delito de Desaparición Forzada de Personas busca ofrecer herramientas para valorar evidencia y determinar tanto la responsabilidad estatal como la responsabilidad penal individual. La particularidad de estos delitos plantea un problema central: ¿cómo se puede probar qué ocurrió cuando las propias características de la desaparición hacen que encontrar pruebas directas sea especialmente difícil?

Entre ellas, la oficina a cargo del fiscal general Alberto Gentili menciona la falta de información sobre el paradero de la víctima, el paso del tiempo, la negativa a brindar datos, la ausencia de testigos directos y el hecho de que, en muchos casos, la documentación sobre la detención haya sido producida por la propia fuerza involucrada. Además, se destaca que frecuentemente no se suelen llegar a ubicar los restos de las víctimas.

Por esa razón, sostiene que no resulta adecuado analizar estos casos con la expectativa de encontrar necesariamente una prueba directa que permita reconstruir todo lo ocurrido. La evidencia debe ser valorada de manera conjunta y teniendo en cuenta el contexto en el que se produjo la desaparición y la propia dinámica del hecho.

Testimonios, indicios y contexto

Uno de los principales criterios que recoge el informe surge de la jurisprudencia de la CIDH: pruebas indiciarias, circunstanciales o presuntivas adquieren una importancia especial en las investigaciones por este tipo de delitos. La razón es precisamente la naturaleza del mismo, si quienes intervienen buscan ocultar la detención y eliminar las evidencias, exigir una prueba directa puede volver prácticamente imposible.

En ese sentido, la CIDH ha considerado que los distintos indicios deben ser analizados en conjunto para determinar si permiten obtener conclusiones consistentes. Dentro de ese conjunto, el contexto se vuelve un elemento relevante para acreditar la existencia de una desaparición forzada.

El informe cita, por ejemplo, el caso Antonio González Méndez, en México, miembro del pueblo indígena de Ch’ol y parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que fue desaparecido y agredido en 1999 por grupos paramilitares que actuaban en connivencia con el Gobierno, según se determinó en el juicio. Allí, se identificaron distintos elementos que funcionaron como indicios.

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La desaparición de González Méndez comenzó en un lugar bajo control estatal, donde existía un determinado modus operandi ligado al grupo. Se usaron vehículos y armas vinculados con fuerzas de seguridad y se registraron tareas previas de inteligencia, amenazas, seguimiento o vigilancia. Así, la suma de los elementos que, considerados individualmente quizás no resultaban suficientes, adquirieron fuerza probatoria cuando se analizaron en conjunto.

Además, la PROCUVIN destacó que la negativa de las autoridades estatales a reconocer una detención o a informar sobre el destino de una persona no puede convertirse en un obstáculo para investigar.

Tres casos argentinos de desaparición forzada

El informe de la Procuraduría dedica un capítulo específico a los casos desarrollados en la Justicia federal argentina después del retorno de la democracia, en 1983. La revisión incluye decisiones sobre competencia, procesamientos, condenas y revocaciones de absoluciones y permite observar qué elementos tuvieron en cuenta los tribunales.

Se trata de los casos que tuvieron por víctimas a Franco Casco, a Raúl Tellechea y a Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, elegidos por la Procuraduría por su claridad expositiva y su actualidad, según se menciona en el informe.

Casco tenía 20 años y había viajado desde Florencio Varela a Rosario para visitar a unos familiares. El 6 de octubre de 2014 salió de la casa de su tía para dirigirse a la estación donde debía tomar un tren de regreso a Buenos Aires. Nunca llegó. Según la investigación, fue detenido por la Policía de Santa Fe y demorado en una comisaría, donde testigos declararon haber escuchado golpes y gritos del lugar en el que estaba.

Su cuerpo fue hallado el 30 de octubre de ese año en el río Paraná; la autopsia determinó que falleció por asfixia y que había muerto antes de ser arrojado al agua. Se encontraron irregularidades en las actas y libros policiales, entre ellas diferencias sobre la fecha y la hora en que supuestamente Casco había sido liberado, y fue clave el aporte de los otros detenidos. El caso también tiene un capítulo judicial reciente, ya que la Cámara Federal de Casación Penal en 2024 anuló absoluciones y dijo que las dificultades para obtener evidencia directa deben ser consideradas especialmente en contextos en los que las fuerzas de seguridad dominan los registros y la mecánica de los hechos.

En el caso de Tellechea, el ciclista, ingeniero y trabajador de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) de 55 años, fue visto por última vez en septiembre de 2004 cuando salió de la casa de su pareja. En este expediente, la PROCUVIN destacó que el procesamiento se apoyó en una serie de indicios graves, precisos y concordantes, como las presuntas irregularidades que habría detectado la víctima en el manejo de fondos de la Mutual, una amenaza tras este hecho y las comunicaciones telefónicas entre los imputados.

También se registraron contradicciones en las declaraciones de los acusados y la existencia de documentación que podía comprometer a los exintegrantes de la institución, que lo denunciaron dos días después de su desaparición. El caso adquiere particular actualidad porque, aunque esos elementos habían sido suficientes para dictar los procesamientos, los imputados fueron absueltos en el juicio en octubre de 2025.

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A pesar de la absolución se ordenó continuar la búsqueda de Tellechea bajo la presunción de vida. El expediente mostró un ejemplo de la diferencia entre los distintos estándares de convicción que existen durante un proceso.

Otro de los expedientes mencionados es el de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, que en abril de 1990 circulaban en un Fiat 1500 por el Parque General San Martín, en Mendoza, cuando fueron interceptados por agentes de la Policía provincial. Según los testimonios recabados, se los trasladó primero a la Comisaría 5ª y luego a la Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza, donde fueron golpeados. Desde entonces se desconoce su paradero.

"No hubo una prueba que directamente revelara todo lo sucedido, sino antes bien, un ensamble en conjunto de todo un tramado de indicios y evidencias que fueron relevadas durante la investigación y que fueron robusteciendo con mayor credibilidad conforme se avanzaba en las etapas del proceso", destacaron acerca de la investigación.

El hecho tiene una relevancia particular porque fue el primer caso de desaparición forzada ocurrido en democracia en la Argentina que llegó a la Corte Interamericana. En 2024, el Juzgado Federal N°3 de Mendoza procesó a 18 expolicías y a un exjuez por la desaparición de ambos hombres, en un caso que todavía se encuentra en etapa de juicio a la espera de fecha de debate.

FP/ML