Las muertes en una fiesta que delataron a uno de los proveedores de Los Monos

La madrugada del 1° de enero de 2017 parecía destinada a quedar archivada como otra tragedia ligada al consumo de drogas sintéticas. Giuliana Maldován, una joven de 20 años, y Lucas Liveratore, de 34, murieron después de asistir a una fiesta electrónica de Año Nuevo en Rosario y, en un primer momento, la investigación apuntó a determinar quién había ingresado los estupefacientes al predio. Nadie imaginaba entonces que aquel expediente terminaría destapando una organización dedicada al tráfico de cocaína y conduciría, casi una década después, hasta uno de los hombres que la Justicia señala como uno de los principales abastecedores de una banda vinculada a Los Monos.

Ese hombre es Fernando Sebastián “Narigón” Vázquez. Durante ocho años permaneció fuera del alcance de la Justicia federal, mientras la mayoría de quienes integraban la estructura que, según la acusación, encabezaba, eran detenidos, juzgados y condenados. Su captura recién llegó el 16 de junio pasado, cuando efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales de Santa Fe lo localizaron en Villa Gobernador Gálvez. Ahora, el Juzgado Federal N°3 de Rosario lo procesó como presunto líder de una organización dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes.

Pero la historia había comenzado mucho antes.

Las muertes de Maldován y Liveratore impulsaron una denuncia que apuntaba contra un hombre sospechado de haber ingresado drogas a la fiesta y de operar distintos puntos de venta en Rosario. A partir de ese dato, fiscales y policías federales desplegaron una investigación que fue creciendo a medida que avanzaban las intervenciones telefónicas, las tareas de inteligencia y los seguimientos.

Lo que inicialmente buscaba esclarecer el origen de la droga consumida aquella noche derivó en el descubrimiento de una red mucho más amplia.

Las escuchas permitieron identificar distintos niveles dentro de la organización. En la base aparecían vendedores minoristas. Más arriba surgían quienes coordinaban la distribución. En la cima, según la acusación fiscal, estaba Vázquez, encargado de abastecer con cocaína a la estructura liderada por Cristian Mario “Negro” González, un referente narco de Villa Moreno al que los investigadores vinculan con el clan Los Monos.

La pesquisa sostiene que el rol de “Narigón” excedía ampliamente el de un proveedor ocasional. Lo ubica como el responsable de administrar recursos, coordinar el acondicionamiento y almacenamiento de la droga, organizar su distribución y fijar precios dentro de una estructura que abastecía de cocaína a otra organización con fuerte presencia territorial en Rosario.

Uno de los episodios que permitió dimensionar ese funcionamiento ocurrió el 9 de junio de 2018. Después de meses de vigilancia, efectivos de la Policía Federal observaron una transacción en el barrio Arroyito. Según la reconstrucción judicial, un proveedor le entregó a Vázquez dos kilos de cocaína compactada a cambio de 120.000 pesos en efectivo.

La operación terminó abruptamente cuando los involucrados advirtieron la presencia policial. Vázquez consiguió escapar. No ocurrió lo mismo con su pareja y con el hombre que le había entregado la droga, quienes fueron detenidos en el lugar.

Aquella fuga marcaría el comienzo de una larga desaparición. Mientras el expediente seguía avanzando, la Justicia declaró su rebeldía y ordenó su captura, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Sin embargo, Vázquez logró mantenerse prófugo durante ocho años. En ese tiempo, la investigación continuó acumulando pruebas contra el resto de la organización.

En febrero de 2022, doce integrantes de esa estructura fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario. Entre ellos figuraba Cristian “Negro” González, quien recibió una pena de 18 años de prisión. Un año después, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó aquellas condenas. El único gran ausente seguía siendo el hombre al que la investigación ubicaba como uno de los principales proveedores de cocaína de la organización.

Su captura, en junio pasado, permitió cerrar uno de los capítulos pendientes de aquella investigación iniciada siete años antes por la muerte de una joven en una fiesta electrónica.

Hoy Vázquez enfrenta un escenario judicial mucho más complejo que el que existía cuando logró escapar en 2018. Además del procesamiento dictado por la Justicia federal por narcotráfico, también está imputado en la justicia santafesina como presunto coautor del doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte, histórico jefe de la barra brava de Rosario Central, y de Daniel Attardo, crimen ocurrido en noviembre del año pasado. 

La condena al organizador

Las muertes de Giuliana Maldován y Lucas Liveratore no solo abrieron una investigación que años después derivaría en una compleja causa por narcotráfico. También terminó con una condena penal para el principal organizador de la fiesta electrónica de Punta Stage.

En 2025, el Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario condenó a Alan David Van Brook a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por haber facilitado el lugar para la comercialización de estupefacientes. Los jueces concluyeron que el predio funcionó como un ámbito propicio para la venta de drogas durante el evento y valoraron distintos elementos que acreditaban esa situación.

La investigación también expuso una serie de graves deficiencias en la organización. Durante el juicio quedó acreditado que el complejo recibió una cantidad de asistentes superior a la prevista, contaba con un único puesto de hidratación, carecía de agua en los baños y no tenía suficientes ventiladores para enfrentar las altas temperaturas de esa noche. A ello se sumaron controles de ingreso considerados insuficientes y un único puesto sanitario para miles de personas.

El fallo absolvió al entonces intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, así como a Gino Piazzese Scaglia, socio de Van Brook, y a Germán Pablo Dalinger, responsable del predio. En cambio, Esteban Gómez, encargado operativo del complejo, acordó un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.