Diputados debate el Súper RIGI y acuerdos con acreedores en una sesión clave impulsada por el oficialismo
La Cámara baja tratará este miércoles un proyecto que busca atraer inversiones multimillonarias en industrias de innovación tecnológica mediante amplios beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros.
La Cámara de Diputados volverá a reunirse este miércoles desde las 12 en una sesión especial convocada por el oficialismo, con un temario centrado en la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. La iniciativa apunta a promover el desembarco de proyectos tecnológicos de gran escala mediante un amplio paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
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La sesión se desarrollará apenas un día después del fracaso de la convocatoria impulsada por bloques opositores para debatir proyectos de interpelación y una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que no logró reunir el respaldo necesario para abrir el debate en el recinto.
El proyecto del Súper RIGI fue impulsado por el oficialismo como una herramienta destinada a captar inversiones en sectores considerados estratégicos y de frontera tecnológica, es decir, actividades que aún no existen en el país o que se encuentran en etapas experimentales de desarrollo.
La iniciativa obtuvo la semana pasada un importante respaldo en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, donde consiguió 61 firmas, incluidas las de legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical e Innovación Federal.
A diferencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado dentro de la Ley Bases, el nuevo esquema eleva considerablemente los requisitos de ingreso. Mientras que el régimen original exigía inversiones mínimas de 200 millones de dólares, el Súper RIGI fija un piso de 1.000 millones de dólares para acceder a sus beneficios.
Además, establece garantías de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante un plazo de 30 años para los proyectos que sean aprobados. También amplía el período de adhesión: mientras que el RIGI original estuvo vigente durante dos años y recibió una prórroga adicional de un año, el nuevo régimen contempla una duración inicial de cinco años con la posibilidad de extenderla por otro período adicional.
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El esquema es más restrictivo que el régimen vigente, ya que deja afuera a los proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura, así como también a emprendimientos ya existentes que busquen ampliar sus operaciones. El objetivo es concentrar los incentivos en industrias nuevas y altamente innovadoras.
Entre los beneficios previstos figura una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, junto con un sistema de amortización acelerada de inversiones que permitirá deducir el 60% durante el primer año y un 20% adicional en cada uno de los dos años siguientes.
También contempla la emisión de certificados de crédito fiscal para cancelar el IVA y establece una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales. Asimismo, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal.
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En materia tributaria, los dividendos distribuidos por las empresas adheridas estarán alcanzados por una tasa del 7%, que se reducirá al 3,5% después de cuatro años de permanencia dentro del régimen.
El proyecto incorpora además exenciones de derechos de importación, elimina los derechos de exportación para las actividades alcanzadas y suprime restricciones y cupos vinculados al comercio exterior.
Otro de los aspectos más relevantes es el acceso a las divisas obtenidas por exportaciones. El régimen prevé una liberación progresiva hasta alcanzar, a los tres años de adhesión, la libre disponibilidad del 100% de los dólares generados por las ventas al exterior.
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Además del Súper RIGI, la Cámara de Diputados debatirá un proyecto que autoriza al Estado nacional a ejecutar un plan de pago para resolver litigios con dos grupos de acreedores que mantienen títulos de deuda en default desde la crisis de 2001.
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones la semana pasada con el respaldo de 42 firmas del oficialismo y bloques aliados.
El texto ratifica los acuerdos de conciliación alcanzados entre el Estado argentino y Bainbridge Ltd., por un lado, y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund, por el otro, con el objetivo de cerrar reclamos judiciales pendientes vinculados a la deuda impaga.
El temario de la sesión también incluye la aprobación de varios acuerdos internacionales. Entre ellos se encuentran convenios con Francia para evitar la doble imposición y combatir la evasión fiscal; un acuerdo con Italia destinado a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; y tratados sobre seguridad social suscriptos con Suiza y la República de San Marino.
CS/ff