Denuncia penal

El Gobierno anunció la primera medida contra cinco empresas hidrocarburíferas que operan en las Islas Malvinas

"Una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre el las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur", expresa el comunicado oficial.

Islas Malvinas y Javier Milei. Foto: Collage

El Gobierno, a través de un comunicado oficial publicado en la Oficina del presidente este lunes 7 de septiembre informó que denunciará penalmente a las siguientes cinco compañías hidrocarburíferas que operan en las Islas Malvinas: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

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Esto ocurre luego de que Javier Milei anunciara el pasado jueves, por cadena nacional, que aplicaría sanciones más duras contra las compañías que operan en las islas sin contar con el permiso explícito de Argentina.

El canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, presentó la denuncia. El Ejecutivo sostuvo que las actividades de las empresas violarían las disposiciones de la Ley N.º 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”. La denuncia será presentada en los tribunales de Comodoro Py, según fuentes citadas por La Nación.

Pablo Quirno 

 

Qué dice el comunicado oficial sobre las compañías que operan en Malvinas

El comunicado expresa que la denuncia se promueve en virtud de que las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. presuntamente "cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659. La presentación alcanza asimismo a sus accionistas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd”.

Y agrega que la denuncia se dirige contra todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible”.

Con respecto al motivo de la denuncia, se detalla que se trata de “una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.

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Para luego sumar que “la defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina”.

A continuación, advierte que “el Estado Nacional continuará investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina”.

Finalmente, se anuncia que el Presidente firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que se priorice, en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027,  el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina.

 

Una ley sancionada en 2011

La Ley 26.659 fue sancionada el 16 de marzo de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Exige autorización argentina para explorar y explotar hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y sus prohibiciones alcanzan también a quienes participen directa o indirectamente en empresas que operen sin habilitación o les presten servicios.

El régimen original fijó inhabilitaciones de entre 5 y 20 años y la posibilidad de revertir concesiones al Estado nacional o a las provincias.

En 2013, durante el segundo mandato de la expresidenta, el Congreso endureció ese régimen mediante la Ley 26.915, que sumó sanciones penales, con  penas de cinco a diez años de prisión para quienes realicen o encarguen actividades de búsqueda de hidrocarburos sin autorización y de diez a 15 años para quienes extraigan, transporten o almacenen esos recursos sin permiso. Además, incorporó multas, inhabilitaciones, y el decomiso de equipos, materiales e hidrocarburos.

 

HM/LT