El Gobierno declaró organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a otras cinco bandas criminales
La decisión quedó oficializada mediante la Resolución Conjunta 5/2026 e incluye a organizaciones de México, Colombia y Ecuador. También fueron incorporadas al registro argentino de entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento.
El Gobierno declaró organizaciones terroristas a seis grupos criminales de América Latina, entre ellos el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, dos estructuras vinculadas al narcotráfico internacional. La medida también alcanza a las guerrillas colombianas FARC-EP y Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de la organización ecuatoriana Los Tiguerones.
La decisión fue anunciada durante la noche del miércoles por la Oficina del Presidente y formalizada en el Boletín Oficial durante la madrugada de este jueves, a través de la Resolución Conjunta 5/2026. Como parte de la disposición, las organizaciones quedaron incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
El anuncio forma parte de la estrategia oficial para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional y ampliar las herramientas de cooperación en materia de seguridad. El comunicado presidencial, firmado por Milei, detalla las características de los grupos alcanzados y los motivos por los cuales el Ejecutivo resolvió asignarles esa calificación.
Las organizaciones alcanzadas por la medida
Entre las bandas incluidas se encuentra el Cártel de Sinaloa, una de las principales estructuras del narcotráfico mexicano. Según la descripción difundida por el Gobierno, se trata de una organización transnacional involucrada en el tráfico de drogas, el contrabando, los secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. El grupo ya había sido designado como organización terrorista por Estados Unidos.
También fue incorporada La Nueva Familia Michoacana, otra organización criminal mexicana a la que el Ejecutivo vincula con el tráfico internacional de estupefacientes y la minería ilegal.
La resolución alcanza, además, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos organizaciones guerrilleras colombianas. En el comunicado oficial, el Gobierno las caracterizó por su trayectoria insurgente y su vinculación con corrientes ideológicas de extrema izquierda.
El sexto grupo incluido es Los Tiguerones, una organización criminal ecuatoriana que las autoridades argentinas describieron como una de las más violentas de la región.
La cooperación con Estados Unidos como antecedente
La decisión se conoció después de que, a comienzos de octubre, Estados Unidos estableciera en la Argentina una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), destinada a fortalecer las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La iniciativa contempla un financiamiento superior a los 13 millones de dólares para proyectos de cooperación y seguridad en el país y en otros puntos de la región. Durante la presentación participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA).
De acuerdo con la información difundida por funcionarios, US$ 7,5 millones estarán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros US$ 5,85 millones se utilizarán para financiar iniciativas regionales en las que también participará el país.
El fortalecimiento de los vínculos con Washington constituye uno de los antecedentes recientes de la decisión del Ejecutivo, en un contexto de mayor coordinación internacional frente a las redes criminales que operan en América Latina.
Además de declarar terroristas a las seis organizaciones, el Gobierno dispuso su incorporación al RePET, el registro público argentino que reúne a personas y entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento.
La medida fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, según informó la Oficina del Presidente.
CS/DCQ
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