El Gobierno argentino y Estados Unidos avanzaron en un programa de cooperación que contempla un aporte no reembolsable de US$15 millones por parte de Washington para poner en marcha un nuevo centro nacional de operaciones de ciberseguridad.
Esta iniciativa se generó durante el encuentro oficial en el Palacio San Martín, del que participaron el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau, que tiene como eje central la sustitución progresiva de equipamiento de origen chino, principalmente de la empresa Huawei, instalado en el núcleo de las redes públicas y gubernamentales del país.
El proyecto, que cuenta con el respaldo del Departamento de Estado norteamericano, incluye una evaluación técnica de la seguridad de la red troncal de Internet de ARSAT y un relevamiento integral de los sistemas informáticos y centros de datos del Estado para identificar, aislar o neutralizar aquellos componentes considerados no confiables.
La planificación prevé una primera etapa de diagnóstico de seis meses y una fase de implementación tecnológica que se extenderá hasta los 18 meses, con el objetivo de que el sistema alcance autonomía operativa en un plazo de tres años.
Desde el punto de vista financiero, la asistencia estadounidense se destinará principalmente al diseño de la arquitectura tecnológica, la revisión de marcos legales y la capacitación de especialistas, mientras que la Argentina deberá asumir los costos vinculados a la compra de hardware, licencias de software y el funcionamiento operativo general.
Controversia por la tecnología china y la respuesta sobre las visas
Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, los funcionarios fueron consultados de forma directa sobre la controversia que involucra a la Cooperativa CALF en Neuquén por sus contactos con la firma Huawei, así como por las posibles restricciones migratorias impuestas por Washington a directivos de la entidad.
Frente a este escenario, el canciller Pablo Quirno negó que exista una postura discriminatoria hacia empresas por su origen geográfico y fundamentó la decisión en criterios estrictamente técnicos: “Las decisiones responden a evaluaciones permanentes de seguridad informática”. Asimismo, el ministro remarcó la confianza puesta en la administración norteamericana y trazó una meta a largo plazo para el país: “En un mundo ideal, nosotros vamos a poder desarrollar nuestras propias tecnologías para no tener que estar dependiendo de otros países. Pero mientras tengamos la alianza estratégica con los Estados Unidos que tenemos, tenemos ahí también un proveedor de mucha confianza”.
Por su parte, Christopher Landau evitó señalar personas o casos concretos, pero respaldó de manera enfática las políticas migratorias de su país como un pilar fundamental de su estrategia de defensa: “No queremos invitar como huéspedes a nuestro país a personas que amenazan la seguridad de nuestro país”. En ese marco, el vicesecretario de Estado norteamericano ratificó que las visas continuarán utilizándose como un instrumento de política exterior y seguridad nacional.
Seguridad regional, lucha contra la trata y el Corredor Andes-Atlántico
Además del apartado estrictamente tecnológico, el entendimiento bilateral incorporó importantes compromisos económicos y operativos en materia de seguridad internacional. Se confirmó la aprobación de US$13 millones para programas antidrogas, de los cuales US$7,5 millones se volcarán directamente en proyectos dentro del territorio argentino. Quirno vinculó este desembolso con la integración del país al Escudo de las Américas y con la decisión oficial de incluir a carteles transnacionales, como el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, el ELN, las FARC-EP y Los Tiguerones, en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
En el plano de la protección de la infancia, las autoridades suscribieron el Pacto para la Protección de la Infancia a través de un documento firmado por el propio Landau y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Este instrumento contempla una asistencia estadounidense de hasta US$10 millones destinada a fortalecer las herramientas estatales en el combate y la prevención de la trata de menores.
Finalmente, el programa de cooperación tecnológica se inscribió formalmente dentro del marco del Corredor Andes-Atlántico, presentado por ambos países el pasado mes de septiembre con el objetivo de impulsar inversiones en minería, energía, transporte e infraestructura digital. Este esquema incluye mecanismos de financiamiento del Export-Import Bank y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional bajo la pauta explícita de utilizar proveedores tecnológicos considerados confiables por la Casa Blanca, mientras la Casa Rosada ajusta los detalles para la llegada del vicepresidente estadounidense, James David Vance, programada para el mes de noviembre.
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