LLA reparte concesiones en el Congreso para salvar septiembre: desde el IVA a la mandioca hasta Ficha Limpia y el Súper RIGI

Con el Senado convertido en un cuello de botella de reformas pendientes, La Libertad Avanza eligió esta semana una estrategia que hasta hace pocos meses no era su costumbre: ceder en los reclamos puntuales de radicales y bloques provinciales para poder destrabar, más adelante, sus proyectos centrales. El caso más claro se dio con Argentina Federal, el nuevo bloque que reúne a los diputados misioneros y salteños: mientras negocia sus votos, el oficialismo aceptó dictaminar la baja del IVA a la harina de mandioca, un reclamo puntual de la economía regional misionera.

El cambio de nombre de Innovación Federal a Argentina Federal esconde una pelea entre el gobernador misionero Hugo Passalacqua y el histórico dirigente Carlos Rovira que derivó en un reacomodamiento de bloques que terminó de alinear a los cuatro diputados y dos senadores misioneros detrás de Passalacqua, junto a los salteños de Gustavo Sáenz. El bloque, ahora presidido por el exgobernador Oscar Herrera Ahuad, adoptó una actitud distinta a la de sus antecesores: negociar "ley por ley". Su primera jugada fue exigir el dictamen de la baja del IVA a la mandioca; la segunda, firmar el proyecto de Unión por la Patria para extender un año más la emergencia en discapacidad; la tercera, respaldar al peronismo en el rechazo a la derogación de un tribunal anticorrupción de Santa Cruz que impulsaba LLA. El bloque, que integran también dos exlibertarios (el formoseño Gerardo González y el puntano Claudio Álvarez), buscará ahora coordinar agenda de economías regionales con catamarqueños y tucumanos, otro frente que ya había marcado distancia del Gobierno por la ley de tierras.

El Súper RIGI, con la UIA y los aliados pidiendo modificaciones

El otro gran ejemplo de esta lógica es el Súper RIGI. A diferencia de lo que ocurrió con la ley de propiedad privada —que avanzó rápido en comisiones y después perdió capítulos enteros camino al recinto—, esta vez LLA decidió no firmar el dictamen hasta no tener los votos garantizados. Tras cuatro reuniones informativas, el oficialismo reconoció que deberá modificar el texto: sin la UCR, el PRO y las bancadas provinciales no le alcanzan los números. El punto más disputado es la cláusula de "Compre Argentino", que exige destinar al menos un 20% de la inversión a proveedores locales.

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La Unión Industrial Argentina pidió que ese porcentaje se aplique exclusivamente a bienes transables producidos en el país, no a servicios o mano de obra: "Proponemos reformular el artículo 17 para que el plan de proveedores se enfoque en bienes de producción nacional", planteó Diego Leal, de la UIA, en el debate de comisión. El antecedente que preocupa a los aliados es el proyecto minero Vicuña, en San Juan, que ingresó al RIGI con una inversión de 18.000 millones de dólares pero cuyos primeros módulos de vivienda se construirán en China.

Algunos legisladores incluso piden elevar el piso del 20% al 30%, mientras otros reclaman que los data centers deban garantizar autoabastecimiento energético y que las provincias tengan mayor participación en los estudios previos de autorización. El costo político de estos ajustes es alto para el Gobierno: el texto, una vez modificado, deberá volver a Diputados para su ratificación, algo que demorará aún más su sanción.

La sesión por el endeudamiento familiar

En paralelo, la oposición redobló la presión sobre otro frente: presentó formalmente el pedido de sesión especial para el 9 de septiembre, con 49 firmas de un arco que va de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda hasta Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Pichetto, De la Sota y Pagano, para forzar la apertura de comisiones sobre los cerca de 50 proyectos de endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. El propio Martín Menem le bajó el precio al reclamo: "Era un apartamiento de reglamento, necesitaban tres cuartos. No tiene nada que ver con acompañar un dictamen en comisión, asistir a una sesión o votar un proyecto delirante", dijo, y confirmó que el oficialismo evaluará convocar él mismo a las comisiones antes de esa fecha para diluir la convocatoria y evitar que la sesión reúna quórum.

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A esa agenda se suma la que ya giró Diputados: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Bullrich no tendría mayores sobresaltos para la reforma del Banco Central, que podría superar los 40 votos sumando a LLA, la UCR, el PRO y los senadores con terminal provincial (Carambia, Vigo, Arce, Rojas Decut, Corroza, Royón, Terenzi), aunque persisten dudas sobre Convicción Federal y sobre los catamarqueños, cada vez más despegados del gobernador Raúl Jalil. El capítulo más controvertido sigue siendo la exigencia de dos tercios para remover al directorio del Banco Central, lo que en la práctica blindaría a Santiago Bausili incluso ante un cambio de signo político en 2027. Inocencia Fiscal II replicaría un esquema de votos similar, aunque con el peronismo buscando vincularla al escándalo de Manuel Adorni. El Tratado de Patentes, en tanto, volvería con la reserva del Capítulo II que pidió la industria farmacéutica, y se descuenta que el Senado terminará ratificando la versión de Diputados en lugar de la que la propia Cámara alta había aprobado en 1998.

La Reforma electoral se reactiva 

El cuarto expediente pendiente es la reforma electoral, estancada desde el 13 de mayo, cuando se realizó la única reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales. Presionada por Edith Terenzi (Despierta Chubut) y por el propio jefe de bloque del PRO, Martín Goerling, Bullrich confirmó que en dos semanas reactivarán el debate completo, incluyendo la Ficha Limpia que exigen los aliados: "Tenemos muchos temas para ordenar: el tema económico, la Ficha Limpia, la cantidad de partidos políticos que hay en Argentina, el sistema electoral. Queremos trabajar todos los temas", planteó en el recinto. El nudo de fondo sigue siendo la eliminación de las PASO, una decisión que según fuentes libertarias maneja directamente Karina Milei y que el PRO como la UCR resisten, mientras crece la posibilidad de que el Gobierno termine optando por una simple suspensión, como ya hizo en 2025.

Todo este reacomodamiento de la agenda legislativa convive con otra negociación de fondo: la que mantienen LLA y el PRO de cara a una eventual alianza electoral en 2027. Consultado sobre el estado de esas conversaciones, el propio Martín Menem fue cauto: "Es muy temprano", respondió, en una definición que resume el clima general del Congreso en este cierre de año: hay diálogo, hay gestos concretos y hay concesiones puntuales, pero ningún acuerdo de fondo está todavía cerrado.

JD/