Nuevo golpe para Máximo y Florencia Kirchner: Casación confirmó el embargo de trece propiedades familiares
La Justicia rechazó un recurso de los hermanos que buscaba liberar los bienes pertenecientes a las sociedades Los Sauces y Hotesur. Entre los inmuebles afectados por la medida se encuentra el departamento porteño donde la ex presidenta cumple su condena.
El cerco judicial sobre el patrimonio de la familia Kirchner sumó un nuevo capítulo decisivo. En un fallo que golpea directamente el corazón inmobiliario del clan, la Justicia bloqueó el intento de Máximo y Florencia por liberar trece inmuebles embargados. Entre las propiedades que seguirán inmovilizadas destaca un símbolo: el histórico departamento porteño de la calle San José al 1111, lugar exacto donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple su condena.
La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inadmisible la solicitud impulsada por los herederos para frenar la cautelar ordenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 sobre los bienes de las firmas Los Sauces S.A y Hotesur S.A. Según la información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la resolución se definió por mayoría con las firmas de los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
En su dictamen, los jueces argumentaron que la retención de los bienes no constituye una sentencia definitiva ni frena la continuidad del proceso. Además, señalaron que la defensa no logró demostrar la existencia de un conflicto de índole federal que justificara la intervención del tribunal. La única voz en desacuerdo fue la del juez Mariano Borinsky, quien marcó su disidencia y opinó que el reclamo de los hermanos resultaba procedente y merecía ser analizado a fondo.
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Esta maniobra defensiva por parte de los hijos calcó una estrategia que ya había fracasado tiempo atrás. Casación rechazó recientemente un planteo idéntico formulado por los abogados de la propia exmandataria. En aquella oportunidad, la defensa intentó instalar que la cautelar dictada por el TOF N°2 resultaba equiparable a una condena definitiva por el riesgo inminente de perder las propiedades para siempre mediante un “desapoderamiento”.
Detrás de este estricto blindaje inmobiliario existe una urgencia puramente matemática por parte del Estado. El tribunal necesita retener activos de manera compulsiva para garantizar el millonario decomiso ordenado tras la sentencia por corrupción en la obra pública. La cifra a cubrir es astronómica: el embargo preventivo total trepa a más de 684.990 millones de pesos, un número fijado para preservar el patrimonio hasta que el castigo quede definitivamente firme.
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Esta avanzada sobre las trece propiedades forma parte de un operativo de rescate financiero mucho más amplio ideado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Frente a la deuda, los funcionarios tuvieron que activar un esquema alternativo, dado que la primera tanda de 111 propiedades embargadas no alcanzaba a cubrir los números. En este segundo listado de búsqueda, además de los inmuebles familiares y de 128 activos ligados a Lázaro Báez, incluyeron la verdadera joya de la corona: la fortuna en dólares de Florencia Kirchner.
El destino de ese dinero generó un fuerte revuelo en los tribunales hace algunas semanas, cuando el Banco Galicia le confirmó a la Justicia que la plata sigue disponible y bajo llave en sus bóvedas. Se trata de un botín incautado en 2016 por el juez Julián Ercolini, compuesto por más de 4,6 millones de dólares hallados en una caja de seguridad, sumados a otro millón de dólares y un remanente en pesos repartidos en cuentas de ahorro.
Sin embargo, ejecutar ese efectivo desencadenará un inevitable choque de competencias en Comodoro Py. Aunque la hija menor del matrimonio presidencial fue sobreseída en el caso Hotesur-Los Sauces, el origen de sus dólares sigue catalogado como sospechoso y permanece bajo la órbita del Tribunal Oral Federal 5. Esta superposición de intereses entre el TOF 2, que exige los fondos para cobrar la multa de Vialidad, y el TOF 5, que los retiene para su propio proceso, anticipa una batalla legal picante. Todo esto ocurre mientras la Corte Suprema todavía debe definir si el primer lote de bienes decomisados terminará convertido en oficinas para el funcionamiento del propio Poder Judicial.
TC
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