Revés para el Gobierno: La Justicia ordenó a Vialidad actualizar los salarios luego de un año de congelamiento
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús dictó una cautelar a favor del gremio STVyARA. El fallo reconoce la "pérdida del poder adquisitivo".
El plan motosierra del Gobierno nacional sobre los entes autárquicos acaba de chocar contra un dique judicial. Porque en un fallo de fuerte contenido institucional, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la actualización inmediata de los haberes del personal que están congelados desde hace más de un año.
La resolución judicial expone una situación de "desigualdad y asfixia": los trabajadores viales bajo el Convenio 827/06 “E” no percibían aumentos desde octubre de 2024, quedando marginados de las actualizaciones que sí recibieron otros sectores del mismo organismo y de la administración pública centralizada.
En los fundamentos de la decisión, el magistrado destacó el "carácter alimentario del salario" y consideró acreditado el perjuicio provocado por el prolongado congelamiento en un contexto de alta inflación. Además, la Justicia subrayó la "falta de una negociación colectiva efectiva", ante la ausencia de propuestas formales por parte de las autoridades en las audiencias paritarias.
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De esta manera, la sentencia dispone que Vialidad Nacional debe aplicar a este sector las mismas pautas salariales establecidas para el Convenio 214 de la administración pública, con retroactividad a noviembre de 2024. La decisión de la Justicia ordena de este modo la actualización inmediata, porque los salarios deberán ajustarse según las Decisiones Administrativas de 2024 y 2025 que rigieron para el resto del Estado; un pago retroactivo: la deuda acumulada y los bonos otorgados desde mediados de 2024 tendrán que abonarse en tres cuotas bimestrales; y por último el juez estableció la suspensión de plazos procesales para impugnar la medida, asegurando que los trabajadores perciban la actualización de forma urgente.
"Este fallo representa un paso fundamental en la defensa de nuestros derechos y confirma la legitimidad de nuestro reclamo", afirmó Graciela Aleñá tras conocerse la noticia. Para la dirigente, la resolución no solo repara una injusticia salarial, sino que también pone de relieve el intento de desmantelamiento de Vialidad Nacional. Para la Casa Rosada, esta dirección judicial puede sentar un precedente relevante, y complicado, para aplicar su plan de ajuste salarial a los empleados de la administración pública.
El Congreso, en 2025, ya había advertido que el Gobierno no puede recortar funciones ni desfinanciar al organismo por su rol estratégico en la conectividad y seguridad vial del país. Sin embargo, la gestión libertaria ha mantenido una política de parálisis operativa y salarial que ahora la Justicia comienza a revertir.
Hay más: este revés para el oficialismo podría disparar presentaciones similares en otros entes autárquicos que atraviesan situaciones de "congelamiento selectivo", debilitando la premisa libertaria de que la paritaria estatal puede ser utilizada como una herramienta de ajuste fiscal unilateral.
JPK / EM
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