Se profundizan los piquetes y marchas por la quita de un millón de planes

Con severas dificultades para parar la olla o para conseguir una changa, la situación de miles de familias de barrios populares es cada día más dramática. Sin registro de esa problemática –o sí–  la administración de Javier Milei complicó aún más el escenario al eliminar planes sociales destinados a esos sectores, en particular los programas derivados del ex Potenciar Trabajo. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) señalaron que más de un millón de personas dependen de esos ingresos, que consistían en 78 mil pesos que cobraron por última vez este mes. “El gobierno nacional está regando la pradera seca con nafta y eso ya sabemos cómo termina”, advirtió Johanna Duarte, secretaria gremial de la organización. Y adelantó a PERFIL que se profundizará el plan de lucha en todo el país “porque la situación económica en el territorio es insostenible”. 

El jueves Barrios de Pie armó una olla popular frente a la vivienda de Manuel Adorni, en Caballito, como parte de los reclamos. “No somos un gasto, somos parte de la solución”, dijo Norma Morales, de la organización. El próximo martes, en el marco del Segundo Congreso de la UTEP, más de 300 delegados debatirán cómo profundizar la resistencia al modelo económico. Y participarán de la movilización del 30 de abril convocada por la CGT a Plaza de Mayo. Duarte también confirmó que harán asambleas para organizar la jornada nacional de lucha del 7 de mayo, con cortes y ollas populares en todo el país. “Desde Usuahia a la Quiaca nos haremos escuchar, desde la más amplia unidad de todos los movimientos populares”, señaló.

A partir de 2024, el Ministerio de Capital Humano reorganizó el universo del ex Potenciar Trabajo en dos programas. “Volver al trabajo”, que concentró la mayor parte de los beneficiarios y estaba orientado a trabajadores de la economía popular de entre 18 y 65 años. Hasta hace unos días lo cobraban unas 930 mil personas. El otro era el “Programa de acompañamiento social”, enfocado a personas en situación de mayor vulnerabilidad: mayores de 50 años o mujeres con cuatro hijos o más, menores de 18 años. Lo recibían unas 200 mil personas. Es decir que el universo de beneficiarios era de  más de 1.100.000 personas, con la mayor concentración territorial en la provincia de Buenos Aires. 

Según los datos que consignó la UTEP, el costo del programa representa solo el 0,1% del PIB, “lo que muestra un impacto fiscal reducido en comparación con su alcance social”, señalaron.“Los comedores que hacían malabares para funcionar con la quita del complemento salarial serán imposibles de sostener. El impacto negativo en las economías locales y regionales, sobre todo de las provincias del norte, será devastador”, sostuvo Duarte. “Mientras le quita el último ingreso a los trabajadores más humildes, el jefe de Gabinete cuadriplicó su patrimonio en dos años. Le roban el complemento salarial a los trabajadores para enriquecer a unos pocos”, completó. 

El conurbano pagó la mayor parte de la cuenta del ajuste. Según datos de un informe publicado ayer del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos del Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires, e IPC acumulado entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 para alimentos en el Gran Buenos Aires (276%) supera al nivel nacional (273%). Y los gastos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registraron aumentos de hasta el 493% en el último año. Pero no es solo un problema del AMBA. “En el norte, la deuda histórica es criminal. Provincias como Tucumán, Salta, Chaco y Misiones concentran una proporción altísima de titulares de planes en relación a su población. ¿Qué refleja esto? El nulo desarrollo del empleo formal que genera este modelo extractivista”, advierte la UTEP.

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el dirigente Nicolás Caropresi relata el panorama de la gravedad de la crisis: “A la baja de ingresos se fue sumando el aumento de los servicios básicos: la luz, el gas, el transporte. Los comedores están hasta triplicando la asistencia y la mayoría ya dejó de utilizar gas para cocinar, por los costos”. El militante lo explica con un ejemplo gráfico: al usar el fuego directo, las ollas se destruyen más rápido y por momentos no cuentan ni con ese insumo básico para preparar la comida.

El programa “Volver al trabajo” concentra más del 80 por ciento de los planes que se dieron de baja. Estaba orientado a una población que, aun en condiciones de trabajar, no logra acceder a un empleo registrado. “Esto muestra que el problema central no es la ‘falta de voluntad de trabajo’, sino la insuficiencia del mercado laboral formal para absorber la fuerza de trabajo disponible”, dice un informe de la UTEP. La cartera que dirige Sandra Pettovello reemplazó a los dos programas por uno nuevo, pero las organizaciones se quejan de que no sirve (ver aparte). 

“Esos 78 mil pesos eran un gasto fijo que tenían resuelto un montón de personas que, obviamente, no sobrevivían solo con ese ingreso. Con esa plata compraban las garrafas del mes, o de los primeros 15 o 20 días. O podían pagar la luz, o alguna deuda. Porque todo el mundo está endeudado: o con Mercadopago o con el prestamista del barrio, que por lo general atrás tiene el apriete de la narcoestructura”, denuncia Caropresi.

La semana pasada, representantes de UTEP se reunieron en el Congreso con diputados de distintos bloques para visibilizar esta grave situación. Participaron Juan Marino, Germán Martínez, Natalia Zaracho, Florencia Carignano, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna y Marcelo Magno. 

“No estamos frente a una discusión ideológica, estamos frente a un gobierno cruel que siempre se mete con los más débiles. Persiguen a las organizaciones sociales y ahora dejan a miles de familias sin el ingreso que tenían. Que era poca guita, sí, pero al menos les permitía que el kiosco les dejara sacar fiado, porque sabía que tenían ese ingreso”, comentó a PERFIL Zaracho, de Unión por la Patria. La diputada aseguró que Milei y Pettovello “prometieron ‘volver al trabajo’ y lo único que hubo fue humo. Ni cursos, ni laburo, nada. Todo verso”. Y agregó: “Ahora también se meten con el Remediar, con los viejos, con el PAMI. Entonces no es contra las organizaciones, por lo que dicen que somos feos, chorros, o lo que sea: es el modelo. Y es un modelo cruel”.

“El nuevo programa no existe, es una mentira”

El Ministerio de Capital Humano informó el lunes del lanzamiento de “Formando Capital Humano”, un portal de formación y aprendizaje con contenidos específicos para todas las edades. “Será el primer centro de formación virtual de capital humano del país, accesible desde todo el territorio nacional y desde cualquier dispositivo electrónico”, comunicaron. Y anunciaron que los ex beneficiarios del programa “Volver al Trabajo” podrán utilizar vouchers para acceder a la oferta académica del Centro de Formación Capital Humano, los Centros de Formación Profesional del INET y las instituciones que se adhieran.

“El nuevo programa no existe. Es una mentira. Inauguraron el centro de formación con bombos y platillos, pero anunciaron que tenían solo cursos en AMBA. Te doy un ejemplo: Neuquén tiene 9.400 beneficiarios. ¿Sabés cuántos cursos ofrecen en esa provincia? Diez. La provincia de Buenos Aires tiene 470.000 personas que cobraban el ‘Volver al Trabajo’. ¿Sabés cuántos cursos ofrecen? 4.000. Y si entrás a la web, se traba”, explica Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Caropresi señaló que encima esos cursos no los ofrece el Gobierno, si no que ya los brindaban los centros de formación profesional, la mayoría financiados por provincias. “Lo único que hicieron es tomar ese listado y replicarlo en redes. Muchos compañeros ya pasaron por esos cursos. Porque nuestros compañeros laburan, buscan la forma de resolverse la vida a pesar de que les escupan la cara todo el tiempo y a pesar de que la única posibilidad concreta que le dejan de salida es el narcotráfico y la delincuencia”.