Santiago Caputo decidió mover las fichas. Mientras el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, concentra buena parte de su energía en el armado y en la negociación de los pliegos (viajará a Israel invitado por el Presidente), el asesor de Javier Milei busca recuperar terreno en medio de las embestidas constantes y de la eterna interna que protagoniza con el ala que conduce Karina Milei, la hermana presidencial.
A través de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN) y de Sebastián Amerio, activó dos jugadas de alto riesgo. Por un lado, planteó el recurso de “per saltum” a la Corte Suprema de Justicia para que defina sobre la suspensión de más de 80 artículos que quedaron frenados en la justicia laboral nacional, más precisamente en el juzgado N°63, a cargo de Raúl Ojeda a quien la achacan cercanía con la CGT.
Por otro, la PTN presentó un recurso extraordinario federal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, para que eleve al Máximo Tribunal el pedido del Gobierno Nacional para que el Congreso defina de dónde surgirán los recursos para acatar la Ley de Financiamiento Universitario.
El plazo para el acatamiento del fallo venció este viernes y expresa un problema mayúsculo para las cuentas fiscales según entiende la Casa Rosada.
Según explicaron fuentes del Gobierno, esperarán la definición de la Justicia para ejecutar o no la ley. Pero además, sostendrán el superávit fiscal por lo que podría haber más recortes. Por el momento, el oficialismo no logra alinear una estrategia sobre su propio proyecto para la Educación Superior que espera a ser tratado en el Congreso.
“Este es un Gobierno que cumple la ley; pero dígannos de dónde salen los fondos”, explican en el oficialismo. Claro está, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario fue rechazado en el Congreso, lo que dejó al Gobierno en un lugar por demás incómodo.
El asesor Caputo, se mueve en materia judicial en tándem con Amerio y con la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal, a quien el Presidente apodó “cerebro”. Los tres, trabajaron conjuntamente la estrategia del Gobierno.
El Gobierno ya había obtenido un fallo favorable del fuero en lo Contencioso Administrativo para que el expediente por la suspensión en la aplicación de la reforma laboral, pasase a dicho fuero. Sin embargo, hubo obstáculos. La jueza de primera instancia Macarena Marra Giménez
Los movimientos de Caputo y de sus colaboradores en materia judicial se dan en momentos en los que Poder Ejecutivo remitió pliegos para comenzar a discutir las sillas de vacantes en juzgados federales y nacionales, bajo la supervisión de Karina y del propio Mahiques. En el Senado, la intención es aprobar los pliegos antes de que finalice mayo.
Las presentaciones realizadas con el patrocinio de la Procuración del Tesoro no estuvieron exentas de traspiés. El juez Ojeda blandió la falta de matrícula profesional como abogado de Amerio. Ojeda pretende que el expediente permanezca en el fuero laboral.
El actual jefe del cuerpo de abogados del Estado explico entre sus colaboradores que trabajó por más de 20 años en la Corte, que fue viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de Magistratura y que por lo tanto no requiere de matrícula. Además, explica entre los propios que de contar con matrícula, la tendría suspendida por no encontrarse habilitado a ejercer por ser Procurador y funcionario público.
En el Gobierno y en la Procuración entienden que Ojeda está incurriendo en la acción de prevaricato, y que es pasible de ser denunciado penalmente por no entregar la causa a los tribunales superiores y señalan que podría tener problemas en el Consejo de la Magistratura. Según explican, Ojeda fue inhibido de seguir actuando en el expediente.
En el Gobierno saben que hay cerca de 30 demandas a lo largo y ancho del país sobre la reforma laboral, y entienden que un fallo favorable de la Corte podría influir para desactivar el resto de las demandas.
