DERECHOS HUMANOS

Victoria Montenegro rechazó la instalación de oficinas del Poder Judicial en la ex-ESMA: "Es una nueva provocación"

La legisladora porteña advirtió que la medida del Ministerio de Justicia busca desvirtuar el sentido del lugar, reconocido como patrimonio de la humanidad. Señaló la ausencia de diálogo con organismos de derechos humanos y denunció un intento de "borrar las historias de lucha y resistencia".

Victoria Montenegro Foto: Télam

El Ministerio de Justicia de la Nación decidió ceder un predio de 5000 metros cuadrados en la ex-ESMA, un sitio clave de memoria histórica, para instalar oficinas administrativas del Poder Judicial, lo que desató una fuerte controversia con organismos de Derechos Humanos. Consultada por PERFIL, la legisladora porteña Victoria Montenegro criticó duramente la medida, y argumentó que atenta contra el significado histórico y cultural del lugar. La ex-ESMA, un antiguo centro clandestino de detención durante la dictadura, es reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Montenegro calificó la iniciativa como una “provocación” y un ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia.

La referente de derechos humanos no dudó en calificar la decisión como un intento de desvirtuar el significado del sitio de memoria: “El comunicado del ministro intenta hacer una nueva provocación a la política de memoria, verdad y justicia”.

Para la legisladora, la gravedad radica en la responsabilidad institucional del ministro de Justicia: “Es preocupante que es el ministro de Justicia de la Nación y que tiene una responsabilidad institucional sobre un sitio que además es patrimonio de la humanidad”.

La ex-ESMA, un lugar donde pasaron cerca de “cinco mil personas” y “la inmensa mayoría continúa desaparecida”, según Montenegro, no puede ser utilizado para funciones administrativas que desnaturalizan su carácter. “Pensar que dentro del predio podría funcionar el ministerio o que los fiscales, porque es su trabajo, convoquen a personas privadas de su libertad en términos gráficos, es imposible”, afirmó.

Y comparó: “¿Te imaginás que en un sitio de memoria del Holocausto a alguien se le ocurriera poner una oficina donde pudieran ingresar personas encadenadas? Es imposible”.

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La legisladora fue contundente al rechazar la posibilidad de que patrulleros ingresen al predio con personas detenidas: “¿Te imaginás el ingreso a la ESMA de patrulleros con personas privadas de su libertad para llevar adelante un trámite administrativo de justicia? Por supuesto que no”.

Para Montenegro, esta medida no sólo es inviable, sino que forma parte de una estrategia deliberada: “Por eso digo que es una nueva provocación, porque el sitio tiene una función y él (Mariano Cúneo Libarona), como funcionario, debe respetar esa función”.

Montenegro cuestionó la legitimidad de la decisión, y señaló que “el ministro no tiene argumento” y que “no tiene potestad de mudar al Ministerio Público Fiscal a la ESMA”. Además, destacó un detalle práctico: “El edificio todavía está en obra, no tiene ni siquiera final de obra”.

Para la legisladora, esto evidencia que la medida busca “provocar y dar la batalla cultural sobre todo lo relacionado al “Nunca Más” y la decisión de este Gobierno de banalizar el mal”.

La legisladora vinculó esta acción con un ataque más amplio a los derechos humanos: “Va en sintonía con un ataque de este Gobierno, sistemático, a todo lo que tiene que ver con la política de derechos humanos en un sentido mucho más amplio”.

Citó ejemplos como las “quinientas camas vacías en el Hospital Garrahan” y la situación de “extrema vulnerabilidad” de personas con discapacidad, al tiempo que subrayó que “los derechos humanos, en su sentido más amplio, se están vulnerando en Argentina y para eso es fundamental borrar todo rastro de pasado”.

Victoria Montenegro marcó la ausencia de diálogo con los organismos de Derechos Humanos

Consultada sobre la falta de consulta previa con organismos de Derechos Humanos, Montenegro señaló que “el problema es que ellos plantean los sitios de memoria como lugares de adoctrinamiento”.

Sin embargo, destacó que el reconocimiento de la ESMA como patrimonio de la humanidad se consolidó con aportes de distintos gobiernos, incluidos los de Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, quienes “entendieron la responsabilidad institucional y la importancia de ese sitio”.

La legisladora lamentó que las nuevas autoridades no busquen el diálogo: “Siempre se intentaron generar ámbitos donde uno pueda explicarle a las nuevas autoridades cómo es el funcionamiento. Pero te encontrás con funcionarios que tienen un mandato de no funcionamiento del espacio, de llevarlo a su mínima expresión”.

Para Montenegro, estas acciones buscan “terminar con toda la organización que hacía posible ese funcionamiento”, y afectan no sólo la conservación de los edificios, que “siguen siendo prueba judicial”, sino también el trabajo cultural y educativo con “los miles de chicos de escuelas públicas y privadas que visitan los sitios de memoria”.

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Frente a la posible “desarticulación simbólica” del sitio de memoria, Montenegro detalló las medidas que la oposición está tomando: “Nos reunimos la semana pasada en la legislatura con senadores nacionales, como Recalde, diputados nacionales, como Yaski y Valdéz, senadores de la provincia de Buenos Aires, todos los organismos de derechos humanos, las tres centrales de trabajadores, sobrevivientes y mesas de sitios de memoria de todo el país”.

En ese encuentro, se expuso “el vaciamiento” y se definieron estrategias, que incluyen “acciones internacionalesy presentaciones judiciales, ya que “muchos de los pronunciamientos del Ejecutivo son inconstitucionales”.

Montenegro también expresó preocupación por el Banco Nacional de Datos Genéticos, que “hoy está acéfalo” tras el vencimiento del mandato de su directora, lo que afecta la búsqueda de nietos apropiados durante la dictadura.

Cuando ves el hilo, te das cuenta que no es solamente la provocación desde un tuit o la definición de que la ESMA pueda funcionar como oficina del Ministerio Público Fiscal”, afirmó, y subrayó que estas acciones forman parte de un plan para “borrar las historias de lucha y resistencia para naturalizar la crueldad como práctica de gobierno”.

Finalmente, la legisladora hizo un llamado a la acción colectiva: “Nuestra responsabilidad es trabajar en forma conjunta para defender la memoria, que es de todo el pueblo argentino y sigue siendo un ejemplo en el mundo”.

 

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