Príncipe belga participa de una "fiesta ilegal" en España y termina con coronavirus

Una fiesta ilegal de la alta sociedad europea terminó con un príncipe belga y 27 invitados contagiados de coronavirus. El festejo privado -y fuera de la ley- se hizo el 26 de mayo en Córdoba (España) y se la organizaron al príncipe Joaquín de Bélgica como agasajo de bienvenida.

Aunque las posibilidades de Joaquín de llegar al trono son escasas -dado que está noveno en la lista de sucesión-, como integrante de esa discreta monarquía finalmente hubo un parte oficial que confirmó que ese príncipe de 28 años tiene coronavirus. Las autoridades sanitarias de España rastrearon y pusieron en cuarentena a todos los asistentes. Y se investiga además qué otros contactos pudieron tener en los días posteriores a la fiesta.

La información oficial detalla que Joaquín de Bélgica viajó a Madrid en un vuelo comercial el 24 de mayo y desde esa ciudad viajó el AVE (tren de alta velocidad) a Córdoba. A pesar de las restricciones por la pandemia, el joven exhibió un permiso de ingreso extendido para que pueda realizar “prácticas empresariales” en España. También fue a ver a su novia española, Victoria Ortiz Martínez-Sagrera, abogada cordobesa de 28 años, e integrante de una familia dedicada a la agroindustria en Andalucía.

Los organizadores de la "fiesta clandestina" pertenecen a la elite de Andalucía y son amigos del príncipe belga. Y por haber infringido la ley por superar el número de invitados, se preve se aplique a los organizadores una multa de 10.000 euros.

Dado el contagio de 27 invitados y sobre todo que el hecho se hizo público, la policía española investiga la “ilegalidad” del festejo porque superó el número de asistentes permitidos en esta Fase 2 que atraviesa España. La normativa española solamente habilita reuniones de un máximo de 15 personas; ni siquiera en la Fase 3 se permiten más de 20 personas. Por este motivo, la Delegación de gobierno en Córdoba calificó a “la fiesta del príncipe belga” como  "totalmente irresponsables", y se evalúa una sanción ejemplificadora para los organizadores. Según los medios españoles informaron podrían aplicarles una multa de 10.000 euros.