Quiénes formaban la banda que explotaba mujeres en un prostíbulo

Nueve hombres fueron procesados por el delito de trata de personas, acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres —dos de ellas menores de edad—, en un boliche del barrio porteño de Recoleta, en el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), de la que la misma representante del Ministerio Público es cotitular junto al fiscal general Marcelo Colombo.

El local investigado es el denominado “D’Lirio”, ubicado frente el cementerio de la Recoleta, en la calle Vicente López 2134 de la Capital Federal. Según la investigación, el lugar funcionaba como un prostíbulo encubierto bajo la apariencia de un boliche y allí las mujeres eran reclutadas para realizar “presencias” y servicios de “copas”, por montos muy bajos, lo que —de acuerdo con la hipótesis fiscal— las empujaba a ofrecer también encuentros sexuales con clientes en hoteles cercanos.

De acuerdo con la imputación, los acusados habrían captado y recibido al menos a 50 mujeres para explotarlas sexualmente en el local, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y sometiéndolas a un estricto sistema de control. Los hechos habrían ocurrido al menos entre abril de 2022 y el allanamiento realizado el 9 de julio de 2024.

Los nueve procesamientos —todos sin prisión preventiva— fueron dictado por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7.

Cinco de los acusados quedaron procesados como presuntos coautores del delito de trata de personas agravado por la existencia de menores de edad, mientras que los otros cuatro fueron considerados partícipes necesarios del mimo delito.

Además, el juzgado ordenó trabar embargos sobre los bienes de los imputados por un total de 7.800 millones de pesos, dispuso la inhibición general de bienes de la empresa Gran Recoleta S.A. —responsable del local— y la prohibición de salida del país y de acercamiento a las víctimas para todos los acusados.