Cumbre clave por los colectivos del AMBA: el sector exige el pago de una deuda millonaria para no cortar el servicio

El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa horas decisivas que definirán cómo viajarán millones de pasajeros en los próximos días. Tras declararse formalmente en estado de emergencia, las cámaras empresarias del sector se reunirán este jueves con las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación en un intento límite por evitar un colapso operativo total.

El encuentro de este 30 de abril se desarrollará bajo la órbita de la cartera que ahora comanda Mariano Plencovich. El vocero de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Adrián Noriega, confirmó que la cumbre ya estaba pautada antes de que el ex secretario Fernando Herrmann abandonara su puesto para asumir en el área de Infraestructura, tras la sorpresiva renuncia de Carlos Frugoni.

Sin embargo, el escenario de la negociación mantiene una fuerte cuota de incertidumbre institucional. Noriega detalló que las empresas todavía desconocen qué funcionarios se sentarán a la mesa por parte del Gobierno, ya que el decreto de nombramiento de Plencovich se conoció a última hora del lunes y la Secretaría no suele anticipar a sus participantes. Las que sí garantizaron su asistencia fueron todas las cámaras de transporte convocadas.

En este contexto de máxima tensión, el reclamo de los empresarios es directo y apunta tanto a la administración nacional como a la provincia de Buenos Aires. El núcleo del conflicto radica en la falta de definiciones concretas frente a una estructura operativa desfasada y, fundamentalmente, en la exigencia de cancelar un monumental atraso en el pago de compensaciones que ya supera los 128 mil millones de pesos.

Las compañías advirtieron que la situación actual del sistema resulta completamente insostenible y lanzaron un ultimátum de cara a la reunión. Expresaron que esperan respuestas inmediatas y verificables sobre los plazos de reconocimiento de los mayores costos; caso contrario, se verán en la necesidad de profundizar las medidas, lo que implicará recortes drásticos en el servicio, afectando principalmente a los horarios nocturnos.

Para fundamentar la inminencia de una medida de fuerza, las entidades destacan que sostuvieron la prestación hasta ahora mediante un desgaste y esfuerzo financiero enorme por parte del sector privado. Además, recordaron que agotaron múltiples instancias de diálogo en las que presentaron propuestas para optimizar la red de movilidad metropolitana, pero lamentaron que ninguna iniciativa se tradujera en una solución efectiva para frenar la crisis.

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El impacto del combustible en los costos

Esta amenaza de recorte agrava un cuadro que ya castiga duramente a los usuarios. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA reveló que la circulación de colectivos sufrió caídas de hasta un 40% durante abril en los trayectos interjurisdiccionales, una consecuencia directa del impacto de la guerra en Irán sobre los precios internacionales de la energía.

El estudio universitario dejó al descubierto el gigantesco agujero fiscal que denuncian las empresas prestadoras. Actualmente, los subsidios estatales vigentes contemplan un valor del gasoil de $1.744 por litro, mientras que el precio real de mercado ya perforó el techo de los $2.100. Para poder sostener el nivel operativo regular de la flota, el Estado debería inyectar al menos $17.500 millones adicionales por mes.

Los especialistas del observatorio encendieron una luz de alarma final que golpea de lleno al bolsillo de los trabajadores. Ante la persistente falta de asistencia estatal, advirtieron que si las firmas de transporte deciden trasladar la totalidad del incremento del combustible al boleto para esquivar la quiebra, la tarifa sufrirá un aumento directo del 16%, porcentaje que se sumaría irremediablemente a los ajustes que ya estaban previstos para este año.

TC cp