El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está en la cornisa y millones de pasajeros podrían quedar a la deriva en los próximos días. Las cámaras empresarias que nuclean a las líneas de colectivos se declararon formalmente en estado de emergencia y lanzaron un ultimátum: si el Estado no salda una deuda multimillonaria y actualiza la estructura de costos, avanzarán con recortes drásticos en el servicio, afectando principalmente los horarios nocturnos.
A través de un duro comunicado conjunto, las empresas apuntaron directamente contra la inacción de las autoridades nacionales y bonaerenses. Argumentaron que, tras aplicar medidas a principios de abril, el sector continúa sin recibir respuestas concretas sobre cómo afrontarán la disparada en el precio del combustible. "La actual situación resulta insostenible", sentenciaron los directivos.
El núcleo del conflicto radica en el profundo atraso de los subsidios y la falta de pagos por parte del Estado. Las agrupaciones empresariales, que reúnen a entidades como la CTPBA, CEAP, CETUBA y CEUTUPBA, denunciaron que el Gobierno mantiene una deuda en concepto de compensaciones que supera los 128 mil millones de pesos. Ante este oscuro panorama, remarcaron que sostienen la prestación de los recorridos únicamente mediante un enorme y desgastante esfuerzo privado.
La cuenta regresiva tiene una fecha límite inamovible: el próximo jueves 30 de abril. Ese día se llevará a cabo una reunión clave en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación, donde el sector espera definiciones urgentes.
Si todo fracasa, el impacto recaerá de lleno sobre los usuarios. Fuentes del sector revelaron a Clarín que la intención es profundizar la reducción de frecuencias que ya sufren los pasajeros, apuntando de forma directa a los horarios con menor demanda de boletos. Esta medida agravará el escenario actual, donde las unidades circulan con marcadas demoras a pesar de que los empresarios elevaron levemente la oferta en las horas pico durante las últimas semanas.
Para fundamentar su dura postura, las cámaras recordaron que agotaron múltiples instancias de diálogo previo con el Estado. En esas mesas de negociación, no sólo expusieron la gravedad extrema del cuadro financiero, sino que también acercaron propuestas concretas orientadas a mejorar la red de movilidad metropolitana.
Colectivos en crisis: cuánto podría tardar la normalización del servicio
El peso del combustible y la amenaza tarifaria
Este inminente de recorte profundiza una crisis que ya golpea con fuerza a los pasajeros del AMBA. Un reciente informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA reveló que la circulación de colectivos sufrió caídas de hasta un 40% durante el mes de abril en los trayectos interjurisdiccionales, impulsada por el impacto de la guerra en Irán sobre los precios internacionales de la energía.
El estudio universitario dejó al descubierto el gigantesco desfasaje de la estructura de costos que denuncian las empresas. Los subsidios estatales vigentes están calculados sobre la base de un gasoil a $1.744 el litro, mientras que el valor real de mercado ya perforó el techo de los $2.100. Para poder sostener el nivel operativo regular de la flota, el Estado debería inyectar al menos $17.500 millones adicionales por mes, una cuenta millonaria que hoy se disputan las carteras de Nación, Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Los especialistas del observatorio encendieron una última luz de alarma que golpea de frente al bolsillo. Ante la falta de asistencia estatal, advirtieron que si las firmas de transporte deciden trasladar la totalidad del incremento del combustible al boleto para no quebrar, se requeriría una suba directa del 16%. Este porcentaje se sumaría irremediablemente a los incrementos que ya estaban preestablecidos para el transcurso del año, complicando aún más la economía de los trabajadores.
TC/ML
