Las esperas interminables en las esquinas del AMBA tienen ahora una explicación técnica y alarmante. El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA confirmó que la oferta de colectivos se desplomó un 40% en las líneas interjurisdiccionales, aquellas que cruzan la General Paz. Este recorte forzado por los costos operativos convirtió el viaje diario de millones de trabajadores en una verdadera carrera de obstáculos contra el reloj.
El informe marcó que el fenómeno es multicausal, pero apuntó a la guerra en Irán como el disparador inmediato del conflicto. El precio del gasoil en el mercado ya superó los $2.100, mientras que el Estado sigue calculando los subsidios con un valor de $1.744. Esa brecha insostenible generó que la flota operativa actual sea un 12% menor a la que circulaba en 2019, lo que se traduce en 2.359 unidades menos recorriendo las calles.
La discusión de fondo es de orden estrictamente fiscal y supone un agujero negro de $17.500 millones mensuales. Este monto es el que las empresas reclaman para poder mantener los motores en marcha sin quebrar. La carga financiera se reparte entre la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, pero la falta de acuerdo sobre quién debe inyectar esos fondos adicionales es lo que hoy mantiene a los coches guardados en los galpones.
Los especialistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo, autores del estudio, advirtieron sobre un escenario todavía más oscuro para los usuarios. Si los gobiernos locales y nacionales deciden no cubrir este bache financiero con subsidios, la única salida para las empresas será trasladar el costo directamente al boleto. Esto implicaría una suba adicional del 16% sobre los incrementos que ya están previstos para los próximos meses en todo el territorio bonaerense.
En el desglose geográfico, la crisis golpea con fuerzas desiguales. Mientras que los servicios que conectan Provincia y Ciudad sufrieron la caída más drástica, las líneas que operan exclusivamente dentro de la Capital Federal lograron mantener una frecuencia más estable, con una merma de apenas el 5%. Esta diferencia acentúa la desigualdad de transporte para quienes viven en los cordones más alejados del Conurbano y dependen del sistema interjurisdiccional.
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Brecha de precios y ajuste real
El panorama tarifario muestra una Argentina partida en dos tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte del Interior en 2024. Hoy, el boleto promedio en las provincias se ubica en $1.526, superando ampliamente el peso que tiene el transporte sobre el salario en el resto de América del Sur. Ciudades como Córdoba, Santa Fe y Corrientes registran los valores más elevados del país en relación con los ingresos de sus habitantes.
En el AMBA, a pesar de que los aumentos acumulados hasta abril de 2026 oscilan entre el 1.200% y el 1.668%, las tarifas recién ahora se aproximan a sus valores reales de 2019. Actualmente, el mínimo para cruzar a la Ciudad es de $700, mientras que el boleto dentro de CABA subió a $715 y en el Gran Buenos Aires alcanzó los $871. Por su parte, el subte se consolidó como la opción más cara con un costo de $1.414 por viaje.
El reporte de la UBA concluyó que el sistema atraviesa un ajuste severo, con una reducción de las compensaciones estatales del 34% en términos reales desde 2023. Esta combinación de subsidios pisados, combustibles por las nubes y flotas reducidas puso al transporte público en un punto de saturación. Sin una solución al conflicto fiscal, las esperas en las paradas amenazan con volverse cada vez más largas y costosas para el pasajero.
TC / EM
