El panorama ya era desolador para el dictador venezolano Nicolás Maduro antes de que Estados Unidos lo acusara a él y a 14 cómplices por cargos de narcotráfico. Ahora su régimen podría haber llegado a un punto de inflexión.
Algo de contexto: el precio mundial del petróleo, la principal exportación de Venezuela, se ha desplomado en el último mes debido a la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. El ya deteriorado sistema de salud pública de Venezuela se prepara contra los estragos del coronavirus. Y cualquier esperanza de que los gestos poco entusiastas para negociar con la oposición alivien la presión internacional se desvanecieron el mes pasado cuando Estados Unidos impuso nuevas sanciones a la única compañía petrolera rusa dispuesta a llevar el petróleo venezolano al mercado.
Ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y a 14 de sus secuaces por corrupción, tráfico de drogas y narcoterrorismo. En sí misma, la acusación no tendrá mucho efecto. Maduro es un jefe de estado y el Departamento de Justicia no puede llevarlo a un tribunal. El último hombre fuerte latinoamericano acusado de cargos de drogas, Manuel Noriega de Panamá, fue expulsado por el ejército de EE.UU. en 1989 y llevado a una corte estadounidense. Por el momento, tal escenario parece altamente improbable.
Más bien, las acusaciones tienen un propósito diferente: envían una fuerte señal al ejército de Maduro y a los miembros de su régimen de que no podrá librarse de la actual campaña estadounidense contra él.
Dicha campaña comenzó en enero de 2019, cuando Estados Unidos reconoció públicamente a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino, tras la victoria de Maduro en una elección ilegítima en 2018. Desde entonces, más de 50 países han seguido su ejemplo.
La campaña diplomática y las sanciones petroleras no han forzado la salida de Maduro. Pero la relativa unidad de la oposición de Venezuela detrás de Guaidó se ha mantenido. El resultado ha sido un punto muerto.
Las acusaciones del Departamento de Justicia alejan la mayor esperanza de Maduro para sobrevivir, al interrumpir un acuerdo con Estados Unidos el año pasado que todavía era una posibilidad. Un intento fallido de Guaidó para organizar su destitución en abril frustró al presidente Donald Trump. Muchos analistas creían hace seis meses que Trump se había cansado de su política venezolana. Una rápida reversión fue posible.
No sucedió. Ahora será casi imposible para Trump llegar a un acuerdo con Maduro, ya que es un hombre buscado por la justicia. La acusación pesará sobre Maduro si Trump no es electo en noviembre.
Además de la acusación, Estados Unidos ofrece una recompensa de US$15 millones por información que conduzca al arresto y condena de Maduro. Esto debería aumentar las posibilidades de Estados Unidos de obtener la cooperación de las personas que lo rodean, "particularmente quienes no fueron nombrados en la acusación o sus aliados", dice Juan Cruz, quien se desempeñó como director para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional bajo el mandato de Trump.
Tales incentivos financieros son particularmente potentes en este momento porque Venezuela no está vendiendo la mayor parte de su petróleo sancionado. En octubre, el Miami Herald informó que el régimen de Maduro había comenzado a regalar su petróleo crudo a Cuba porque no tenía más capacidad de almacenamiento. Venezuela ahora está vendiendo petróleo por debajo del precio de mercado ya deprimido. Esto significa que Maduro tiene mucho menos dinero para pagar a sus seguidores.
¿Qué puede hacer Venezuela para desbloquear la ayuda internacional y suprimir las sanciones petroleras? La respuesta es simple: Maduro debe dejar la presidencia para allanar el camino a una nueva elección. Ha dejado en claro que no está interesado en dicha oferta. Quizás sus generales ahora puedan convencerlo de que no tiene otra opción.
