Los homicidios dolosos en México aumentaron casi un 10 por ciento en los primeros tres meses del año, lo que pone al presidente Andrés Manuel López Obrador frente al que quizás sea su mayor desafío en momentos en que busca mantener la popularidad y cumplir una promesa clave de campaña.
Los asesinatos subieron a 8.493 en enero-marzo, en comparación con los 7.750 de un año antes y los 8.433 del último trimestre de 2018, según datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los índices de delincuencia aumentaron en varios ámbitos. Los secuestros ascendieron un tercio y la extorsión subió a casi un 50 por ciento en el primer trimestre respecto al año anterior.
El último caso de violencia de alto perfil ocurrió durante el fin de semana de Semana Santa, cuando hombres armados mataron a 13 personas, entre ellas un niño de un año y cinco mujeres, en una fiesta en el estado de Veracruz. López Obrador, quien realizó su conferencia de prensa diaria desde la capital del estado el lunes, anunció que planea visitar el viernes Minatitlán, la ciudad donde ocurrió la tragedia. Aseguró que la violencia caerá a nivel nacional dentro de seis meses.
"Definitivamente se enfrenta a un gran desafío y es uno de los factores más importantes que pueden dañar su popularidad", comentó Alejandro Schtulmann, quien dirige la consultora sobre riesgo político Empra en Ciudad de México.
López Obrador asumió el cargo el 1 de diciembre con la promesa de reducir la inseguridad que deriva en gran parte de la lucha contra el crimen organizado y los cárteles de la droga. Si bien una encuesta realizada el mes pasado por la agencia GEA-ISA reveló que su aprobación pública alcanza un 64 por ciento, por sobre sus dos antecesores en el mismo lapso de sus gobiernos, la seguridad es la mayor preocupación de la ciudadanía.
El presidente afirma que reducirá la violencia creando alternativas de empleo para los jóvenes al tiempo que evita la confrontación con los grupos criminales. También apunta a la creación de una guardia nacional que incluya al Ejército, la Marina y la Policía Federal para contrarrestar el debilitamiento de fuerzas de seguridad locales. No obstante la guardia, legalmente establecida en los últimos dos meses con los votos del Congreso y legislaturas estatales, demorará en establecerse.
AMLO envió al Ejército a combatir el robo de gasolina en una iniciativa que combina su labor en materia de seguridad con su lucha contra la corrupción. Guanajuato, uno de los principales focos de esa campaña, fue el estado más letal en el primer trimestre, representando más de 1/10 de todos los homicidios a nivel nacional.
Más allá de la creación de una nueva fuerza de seguridad, el gobierno carece de una estrategia para frenar las operaciones de los grupos existentes y la confrontación es inevitable a la hora de restablecer la seguridad, planteó Schtulmann. Asimismo, la Policía Federal se ha visto afectada por los recortes presupuestarios, agregó. "No hay manera de contener la violencia sin desmantelar las organizaciones", advirtió Schtulmann. "No hay una visión amplia sobre cómo resolver este problema".