Miles de personas comenzaron manifestaciones en las plazas de Santiago y en las principales carreteras, en el séptimo día de las protestas que sacuden a Chile. En otras partes de la ciudad, una apariencia de normalidad regresó a medida que más tiendas y escuelas abrieron sus puertas.
La capital y otras ciudades importantes están contando el costo de los peores disturbios civiles desde que Chile regresó a la democracia, mientras las personas piden mejores salarios, pensiones, atención médica, educación y justicia social. Las imágenes de televisión mostraron el alcance total de los daños causados por los disturbios del metro que desencadenaron las protestas, mientras que todavía se informaba casos de saqueo durante la noche.
Las operaciones en las minas de cobre y los principales puertos continúan siendo interrumpidas por las huelgas a las que se unen al sector público y los sindicatos de salud y de maestros que exigen que el ejército sea enviado de regreso a sus cuarteles. Los mercados tuvieron un comportamiento mixto, con el aumento del índice bursátil de referencia y el debilitamiento del peso.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera está promocionando las medidas que anunció el martes en un intento por calmar los disturbios, como aumentar los impuestos para los que ganan altos ingresos, elevar las pensiones básicas y estabilizar los precios de la energía. Sin embargo, para muchos de los manifestantes, las medidas se quedan cortas y deben ir precedidas de una retirada de soldados de las calles y cambios en el gabinete.
“Necesitamos mejor todo, pero especialmente una mejor atención médica”, asegura Liz Castro, quien golpeaba una cacerola en las calles de Pedro Aguirre Cerda, uno de los barrios más pobres de Santiago, el miércoles por la noche. Los anuncios de Piñera “no valen nada”, dice. “En nuestros centros médicos no hay médicos, ni equipos, ni medicamentos”.
El gobierno ha reportado 18 muertes y miles de arrestos, aunque la tasa de eventos violentos graves se ha ralentizado. El instituto de derechos humanos de Chile dice que cinco personas murieron en enfrentamientos con la policía o los soldados.
Inicialmente, el Gobierno abordó la violencia como un asunto de orden público, un enfoque que solo empeoró las cosas. El martes, Piñera se disculpó por no haber reconocido las quejas genuinas detrás de las protestas.
La expresidente chilena Michelle Bachelet, ahora Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, dijo que enviaría un equipo para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país, una medida que el gobierno recibió con beneplácito.
En una encuesta realizada por la encuestadora Ipsos, 67% de los encuestados dijo que la razón por la que comenzaron las protestas es porque “las personas están cansadas de sus condiciones de vida en lo que respecta a la economía, la salud y las pensiones, ya que son percibidas como injustas”.
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