El Gobierno de Brasil podría reafirmar sus méritos climáticos globales mediante la venta de un bono en el que el interés que pague a los acreedores dependerá de si el país protege la selva amazónica.
Esa es la propuesta que cobra fuerza entre banqueros, inversionistas e investigadores, quienes dicen que la nación debe seguir los pasos de sus pares latinoamericanos Chile y Uruguay mediante la emisión de deuda vinculada a la sostenibilidad. En el caso de Brasil, la meta ambiental podría ser reducir el área de deforestación de la Amazonía.
Dicha estructura no estaría exenta de desafíos, sobre todo para un país que no está familiarizado con los bonos ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) y que enfrenta una amplia caída en el mercado. Pero sería una señal de que Luiz Inácio Lula da Silva, que asumirá la presidencia el 1 de enero de 2023, se toma en serio la nueva postura de la nación en torno a la biodiversidad y el cambio climático.
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Si bien el concepto no es nuevo, ya que el Banco Mundial planteó dicha estructura este año, su implementación parecía poco probable bajo el Gobierno del presidente saliente, Jair Bolsonaro, cuyas políticas ambientales provocaron la condena internacional. En cambio, Lula ha sido aclamado por ambientalistas debido a sus promesas de preservar la selva tropical más grande del mundo.
“Un bono vinculado a la sostenibilidad que apunta a acelerar el cumplimiento del objetivo de cero deforestación del presidente Lula sumaría un aspecto real del Gobierno al juego”, dijo Nick Robins, cofundador del grupo de investigación Planet Tracker, que impulsó la estructura. Confirmaría que “Brasil está de vuelta con una respuesta innovadora a la urgencia de la situación”.
Brasil tiene una gran influencia en el medio ambiente mundial dado que más del 40% del país todavía está cubierto por selva tropical, que alberga una de las mayores biodiversidades del planeta. La Amazonía también almacena suficiente carbono que, si se liberara por completo llegaría al equivalente a 730.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, suficiente para dar cuenta de 20 años de emisiones globales a las tasas actuales.
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Incluso con una ligera reducción en 2022, la deforestación en la Amazonía aumentó a 11.400 kilómetros cuadrados al año en promedio durante el mandato de Bolsonaro, en comparación con los 7.100 reportados entre 2015 y 2018. Esas tasas se redujeron significativamente durante el Gobierno de dos mandatos de Lula, entre 2003 y 2010.
Los bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB, por sus siglas en inglés) –en virtud de los cuales las empresas generalmente pagan un cupón más alto si no cumplen con los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza predeterminados– se han convertido en un mercado de US$200.000 millones, pero los gobiernos han tardado más en adoptar el formato. Algunos profesionales del mercado dicen que los prestatarios soberanos deberían adoptar cupones con tasas decrecientes, donde el emisor paga menos intereses por cumplir objetivos. El debut de Uruguay en SLB significó que sus costos de interés podrían tanto subir como bajar dependiendo de cómo se desempeñe en sus objetivos medioambientales.
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