Uno de los tres principales contendientes para ser el próximo presidente de Ecuador, Yaku Pérez, dijo que, de ganar la elección, buscará conversaciones para aligerar los pagos de la deuda nacional.
Pérez, del partido indígena Pachakutik, buscaría negociar con los acreedores para extender los vencimientos y aliviar la carga en tanto la nación se recupera de una de las recesiones económicas más profundas de la región. La primera vuelta está programada para el 7 de febrero.
El año pasado, Ecuador renegoció más de US$17.000 millones en bonos, lo que le otorgó vencimientos más largos y tasas de interés más bajas, pero Pérez dijo que los términos siguen siendo demasiado costosos. La pandemia provocó una recesión en la economía nacional, al tiempo que las finanzas públicas sufrieron un golpe extra por la caída de los precios del crudo.
“Estamos seguros que superada la pandemia, superada esta emergencia económica, estaremos en condiciones de pagar las obligaciones”, dijo Pérez el martes en una entrevista telefónica. “Nuestro planteamiento no es declarar moratoria ni suspensión unilateral, sino plantear un mayor plazo para poder pagar”.
En una encuesta publicada el 28 de enero por Cedatos, Pérez obtuvo 14,5% de las intenciones de voto, colocándolo en el tercer lugar detrás del conservador Guillermo Lasso y el socialista Andrés Arauz, quienes tenían un 22% de apoyo. La encuesta realizada a 10.500 personas tuvo un margen de error de 2,7%. Si ningún candidato llegara a ganar la primera vuelta, se llevará a cabo una segunda el 11 de abril.
Pérez dijo que le preocupa el riesgo de un fraude electoral y agregó que su partido desplegará a más de 25.000 de sus jóvenes simpatizantes en todo el país para monitorear el conteo de votos. La encuesta de Cedatos encontró que 85% de los votantes desconfían del Consejo Nacional Electoral.
Referendo nacional
En 2017, Pérez cambió su primer nombre de Carlos a Yaku, que significa agua en el idioma indígena quichua, para resaltar su preocupación por el medio ambiente. El candidato se opone a la minería a gran escala, diciendo que sus costos ambientales superarían los beneficios económicos.
Pérez se comprometió a convocar un referendo nacional para prohibir los proyectos mineros que ponen en riesgo de contaminación a las fuentes de agua.
Las minas existentes estarán estrechamente reguladas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales y sociales, sostuvo. Por otro lado, se comprometió a respetar los contratos petroleros y mineros existentes.
