lunes 26 de septiembre de 2022

En un informe de la ONU, Michele Bachelet acusó a China de "graves" abusos en materia de derechos humanos

China cometió “graves violaciones de los derechos humanos” -y potencialmente crímenes contra la humanidad- en Sinkiang, dijo una alta funcionaria de la ONU, reforzando los esfuerzos internacionales para presionar a Pekín para que cambie sus políticas hacia la minoría musulmana de la región.

01-09-2022 11:15

China cometió “graves violaciones de los derechos humanos” -y potencialmente crímenes contra la humanidad- en Sinkiang, dijo una alta funcionaria de la ONU, reforzando los esfuerzos internacionales para presionar a Pekín para que cambie sus políticas hacia la minoría musulmana de la región. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entregó su esperado informe el miércoles, solo unas horas antes de que expirara su período en el cargo, después de meses de retrasos. La evaluación encontró “patrones de tortura o malos tratos” como parte de una campaña que China ha defendido como un esfuerzo para combatir el extremismo.

Las detenciones de uigures y otros musulmanes, junto con una campaña más amplia de violaciones de derechos “pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad”, dijo Bachelet. Lugares sagrados locales, como el santuario Imam Asim, en el sur de Sinkiang, han sido demolidos, agregó. La evaluación de la ONU confirma los hallazgos de varios gobiernos occidentales y grupos independientes de derechos humanos, aunque no llegó a acusar a China de genocidio. La Administración Trump calificó el duro trato de China a los uigures y otras minorías en la región de Sinkiang como genocidio en uno de sus actos finales, un hallazgo que luego reafirmó la Administración Biden.

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“El informe da crédito a la privación generalizada de libertad en centros de reeducación, la tortura y violencia sexual que se encontraron allí, la probabilidad de trabajos forzados, el ataque a los derechos religiosos y culturales”, dijo William Nee, coordinador de investigación y defensa del grupo Chinese Human Rights Defenders.

Pekín ha desestimado las acusaciones de abusos de derechos en la región, calificándolas como la “mentira del siglo” y realizó giras para diplomáticos internacionales que enfatizaban la estabilidad política y transformación económica de la región, cuya extensión es equivalente a la de Alaska. China dijo en respuesta al informe que la evaluación ignora sus logros, excede el mandato de Bachelet y “difama y calumnia deliberadamente a China”.

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin calificó el informe de “ilegal, nulo y sin valor” durante una conferencia de prensa regular el jueves en Pekín. Dijo que Estados Unidos y otras naciones “orquestaron y produjeron” el informe. En mayo, Bachelet se convirtió en la primera encargada de derechos humanos de la ONU en visitar China desde 2005, en un viaje que los grupos de derechos humanos criticaron por estar demasiado controlado por Pekín. Posteriormente, la expresidenta de Chile reconoció que había enfrentado “limitaciones” y no pudo reunirse con uigures detenidos. La semana pasada, Bachelet prometió seguir adelante con la publicación del informe antes de que terminara su mandato.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania dijo en un comunicado que el informe mostraba que “hay motivos para la mayor preocupación”. También instó al “Gobierno chino a otorgar de inmediato a todas las personas de Sinkiang sus plenos derechos humanos”.

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Si bien el informe se centró en las restricciones religiosas y la detención arbitraria en centros de reeducación, se refirió poco a temas como el trabajo forzado y las medidas coercitivas de control de la natalidad, indicó Adrian Zenz, investigador sénior de estudios chinos de Victims of Communism Memorial Foundation y un destacado crítico de las políticas en Sinkiang. No obstante, la mención de programas laborales fue significativa en un momento en que la Unión Europea estaba evaluando medidas para prohibir productos de Sinkiang, dijo Zenz, algo que la ley estadounidense de prevención de trabajos forzados para los uigures hizo en junio.

El documento de la ONU recomendó que la comunidad empresarial global tome “todas las medidas posibles” para proteger a los trabajadores en la región e instó a China a permitir visitas “sin restricciones” a las agencias y funcionarios de la ONU. También indicó que el Gobierno chino debería liberar de inmediato a “todas las personas encarceladas arbitrariamente” en Sinkiang y comunicar a las familias el paradero de todas las personas que han sido detenidas.

MAR / ff