El intento de Odebrecht SA y Grupo Aval SA de recuperar cientos de millones de dólares por la construcción de una autopista envuelta en un escándalo de corrupción sufre un revés con un nuevo estudio que sugiere que las empresas pueden deber dinero a Colombia, y no al revés.
Un estudio de 336 páginas encargado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de Colombia, que ventila el caso, encontró que la Agencia de Infraestructura de Colombia tiene un saldo a su favor de aproximadamente USD1,8mm, una vez que se tienen en cuenta los costos para la nación de completar la autopista.
Eso significa que el saldo para Odebrecht y sus socios sería igualmente negativo, mientras que tres evaluaciones técnicas previas presentadas al tribunal recomendaron valores de liquidación que oscilaron entre aproximadamente USD700m y USD1.3mm a su favor. Odebrecht, el gigante de la construcción de Brasil, y Aval, el mayor grupo bancario de Colombia, tienen años tratando de recuperar su inversión en la construcción de la autopista.
Odebrecht sigue afectando al mayor grupo bancario de Colombia
En una respuesta por escrito a preguntas, el Grupo Aval impugnó la estimación del nuevo estudio, que fue producido por Duff & Phelps, y dijo que se había escrito con prisa y que contenía errores, y confiaba en que la decisión final sería a favor del consorcio. Duff & Phelps no respondió de inmediato a una llamada en busca de comentarios realizados fuera del horario laboral normal. Huberto Meza, el abogado de Odebrecht Colombia, no respondió a un correo electrónico en busca de comentario sobre el tema
Jorge Enrique Ibañez, quien encabeza el panel de tres abogados en el Centraro de Arbitraje y Conciliación en Bogotá, dijo por correo electrónico que se establecería una audiencia adicional para sopesar las conclusiones del informe.
Ruta del Sol II, un tramo de una carretera de 1.000 km (621 millas) que conecta la región de Bogotá con la costa del Caribe de Colombia, fue suspendida en 2017 después que Odebrecht admitiera haber pagado un soborno para ganar el contrato. Aval, que es controlado por multimillonario. Luis Carlos Sarmiento, negó que hubiera estado al tanto de las acciones ilegales de su socio comercial. Una empresa de construcción familiar, Grupo Solarte, también tenía una participación minoritaria en la empresa conjunta.
Andrés Florez Villegas, el abogado que representa a los siete bancos que financiaron el proyecto de la autopista, declinó hacer comentarios. Henry Sanabria Santos, el abogado que representa a ANI, no pudo hacer comentarios cuando se contactó con su oficina por teléfono en Bogotá. Ángel Castañeda, el abogado del consorcio Ruta del Sol II, declinó hacer comentarios.
El estudio también determinó que los controles internos y la gestión de riesgos en la Ruta del Sol II tenían debilidades que pueden haber conducido a transacciones irregulares.
