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INTERNACIONAL / Estrategia regional
domingo 28 mayo, 2017

Odebrecht negocia delación por perdón en todo el continente

Ofrece datos de corrupción y pago de multas. Exige inmunidad legal y mantener negocios. Cómo resultó en otros países la fórmula que propone en Argentina.

por Facundo F. Barrio

Caso testigo. Manifestantes protestan contra Odebrecht y la clase política en República Dominicana, donde la empresa cerró un acuerdo de colaboración judicial. Foto: AP
Mientras negocia un difícil acuerdo de colaboración judicial en la Argentina para delatar a políticos corruptos, la empresa corruptora Odebrecht ya cerró tratos similares en Brasil, los Estados Unidos, Suiza y República Dominicana. Las negociaciones están muy avanzadas en Perú y, en los últimos días, también se aceleraron las gestiones en México. La compañía busca, además, acercamientos con las autoridades de Colombia y Ecuador. En todos los casos, la fórmula propuesta por Odebrecht es la misma: ofrece revelar los nombres de funcionarios que cobraron coimas, y pagar multas e indemnizaciones por los perjuicios al al Estado, a cambio de que le garanticen inmunidad legal y continuidad en los negocios millonarios que la empresa tiene en los distintos países.

PERFIL publicó ayer que el Gobierno argentino considera inaceptable el acuerdo ofrecido por Odebrecht el pasado martes, que consistiría en aportar los nombres de ex funcionarios que habrían recibido 35 millones de dólares en sobornos, a cambio de que la actual gestión la habilite a continuar con las obras públicas que tiene adjudicadas en la Argentina. Desde la Casa Rosada dicen que primero quieren establecer cuál fue el perjuicio monetario para el Estado por el pago de sobreprecios; y que revisarán contrato por contrato antes de resolver nada.

A su vez, en despachos oficiales y judiciales esperan con ansias el próximo jueves 1° de junio, fecha en la que vencerá el plazo de seis meses de “restricción a la cooperación internacional” establecido por la Justicia de Brasil. Esa limitación es una de las cláusulas del acuerdo de indulgencia firmado en diciembre pasado entre los fiscales brasileños y Odebrecht para que la compañía tuviera tiempo de llegar a acuerdos de delación parecidos en otros países. Vencido ese plazo, los investigadores brasileños de la Operación Lava Jato quedarán liberados para enviar a los demás países todas las pruebas en su poder sobre el pago de sobornos de Odebrecht fuera de Brasil.

Sin embargo, aún es una incógnita cuánta información emanará realmente desde Brasil. El secretario de cooperación internacional de la Procuraduría General de la República brasileña, Vladimir Aras, dijo hace una semana en una entrevista con el diario La Nación que “nosotros sólo podemos dar las pruebas a aquellos países que se comprometieron a no juzgar a los arrepentidos que firmaron acuerdos de delación premiada”. Esa es precisamente una de las principales condiciones que exige Odebrecht para colaborar en el exterior: que sus directivos y empleados delatores no sean juzgados “dos veces” por delitos que ya fueron penados en Brasil.

Así las cosas, pese a las esperanzas depositadas en el 1° de junio, alcanzar un entendimiento con la propia empresa parece indispensable para aquellos países que deseen obtener delaciones por parte de la compañía brasileña.

En diciembre de 2016, la empresa anunció la firma de acuerdos con las autoridades judiciales de Brasil, los Estados Unidos y Suiza, por los que se declaró culpable de haber violado leyes de los tres países y se comprometió a pagar multas por un total de 2.600 millones de dólares en un plazo de 23 años. La compañía obtuvo permiso para seguir operando en los tres países, pese a que, para ese momento, su dueño Marcelo Odebrecht ya había sido condenado por corrupción y lavado. Tras esos primeros acuerdos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer la lista de doce países en los que Odebrecht confesó haber pagado coimas.

Fuera del acuerdo inicial con Brasil, los Estados Unidos y Suiza, el único país que ya cerró un trato definitivo con Odebrecht fue República Dominicana. La Justicia de ese país homologó en abril un acuerdo firmado en enero por la compañía y la Procuraduría General, en el que Odebrecht se comprometió a pagar una indemnización al Estado de 184 millones de dólares, exactamente el doble de los sobornos por 92 millones supuestamente girados en el país centroamericano. Los abogados de Odebrecht en Dominicana se congratularon de que el acuerdo reconoció “la capacidad de Odebrecht para continuar contribuyendo con el desarrollo del país”. A los directivos y empleados de la compañía se les aseguró inmunidad legal, aunque no a los políticos delatados en el marco del acuerdo. Los críticos del trato cuestionaron el hecho de que la Procuraduría aceptara fijar el monto de la indemnización antes de que se concluyeran las investigaciones para determinar el monto real de las coimas.

En Perú, los fiscales de la unidad anticorrupción suscribieron en enero un “convenio preliminar” por el que Odebrecht se comprometió a entregar la información que le fuera requerida y a pagar 9 millones de dólares en concepto de “adelanto” de la devolución de las ganancias ilícitas obtenidas por la empresa. Las autoridades aclararon que ese monto no es la suma total ni debe considerarse como una reparación civil, sino como un “decomiso” por lo que la empresa ganó en forma ilegal.

El lunes 15 de mayo, en la ciudad brasileña de Curitiba, Marcelo Odebrecht brindó su primera declaración a fiscales peruanos bajo el sistema de delación premiada. Antes de empezar a hablar, pidió firmar un acta de compromiso para que ni él ni los otros miembros de la empresa contenidos en el acuerdo de leniencia con las autoridades de Brasil sufrieran acciones penales o civiles en Perú por los delitos confesados. Sólo una de las fiscales presentes, Janet Briones, responsable de la unidad especializada en lavado, se retiró de la sala para no convalidar el pedido.

Sólo tres días después, Odebrecht propuso también un acuerdo a la Procuraduría de México, que, según la prensa mexicana, en abril ya había rechazado otra oferta de la compañía por una suma de 10,5 millones de dólares, monto equivalente a las coimas supuestamente pagadas. En México, las investigaciones relativas al Lava Jato podrían involucrar a ex directivos de la petrolera estatal Pemex.

En Ecuador, el gobierno del ex presidente Rafael Correa puso las cosas más difíciles a la empresa: en marzo, la Procuraduría rechazó un acuerdo ofrecido por Odebrecht y el propio Correa dijo: “Mientras sea presidente, esta empresa no vuelve a pisar el país”. Habrá que ver si la voluntad de la Procuraduría de seguir negociando encuentra eco en el flamante presidente Vladimir Moreno.

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