La decisión de Norsk Hydro ASA de cerrar su refinería de alúmina en Brasil estuvo precedida de una fuerte lluvia, de un derrame en una represa y de un debate sobre vacas y pollos muertos.
Ahora la preocupación se centra tanto en la pérdida de empleos como en el agua residual de la planta. Se estima que 4.700 trabajadores perderán su empleo luego de que la compañía noruega dijera que innecesarias disposiciones judiciales hacen imposible seguir operando la mayor refinería del mundo de alúmina, un ingrediente clave en la producción de aluminio, así como dos plantas asociadas.
El cierre anunciado –la compañía declinó decir cuándo podría reabrir la planta- llevó a la caída de las acciones de Hydro y a un aumento de los precios globales del aluminio. Hydro responsabilizó del cierre a un embargo específico que le impide usar los dos estanques de agua residual más nuevos del sitio luego de que fiscales dijeran que un derrame de febrero contaminó el río Pará y el suministro local de agua.
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Hydro anunció el cierre el miércoles, apenas días antes de que los fiscales dijeran que pasaría al menos un año antes de que la refinería Alunorte pudiera reanudar la plena producción. En conferencia telefónica con analistas, el máximo responsable de Hydro, Svein Richard Brandtzaeg dijo que era “imposible decir” cuándo la corte que dispuso que la planta redujera sus operaciones a la mitad permitiría que se reanudara la producción a pleno.
Urgencia
“Pero es claro”, agregó, “que esta situación genera cierta urgencia en Brasil. Es una situación grave para Hydro, pero también para el estado de Pará. Ya se han acordado varias reuniones y se trata de reuniones muy importantes”.
Leonam Gondim da Cruz Jr., un juez del estado de Pará que rechazó una apelación de Hydro, que buscaba que se revocara la disposición que impuso el recorte de la producción, calificó de “engaño” el anuncio del cierre en una entrevista telefónica.
“Saben que tienen muchos empleados en Barcarena”, dijo el juez el miércoles. “La idea es intimidar y presionar a las autoridades para poder reanudar la actividad normal”.
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Mientras tanto, en un posteo en el sitio web oficial de la ciudad, el alcalde de Barcarena, Carlos Vilaça, instó a dar “inmediata respuesta al problema para asegurar el empleo de nuestros trabajadores”. El cierre, escribió, “causaría importantes pérdidas a la ciudad al afectar empleos directos e indirectos”.
La disputa legal ya ha afectado a las empresas locales, dijo Reginaldo Garcia, que tiene un restaurante en la playa en Barcarena. “Si Hydro cierra, aquí será el fin todo”, dijo en una entrevista en abril, y agregó que menos gente iba a su restaurante debido a la cobertura televisiva del derrame.
“No quieren comer nuestro pescado porque piensan que procede del río”, dijo, “pese a que lo compramos en un supermercado muy lejos de aquí”.
Barcarena, que tiene unos 100.000 habitantes, se extiende junto a la planta en la costa del Pará, un río propenso a las inundaciones que recibe dos afluentes antes de desembocar en el mar. Cuando hay fuertes lluvias, la población está habituada a ver que sus propiedades quedan bajo el agua.
Lo que Patricia Neves, que vende huevos para mantener a su familia, no estaba acostumbrada a ver fueron las decenas de pollos muertos tras la inundación de febrero. Murieron, piensa, por tomar el agua contaminada de la inundación. Si bien responsabilizó al derrame, admitió que el agua también podría haberse contaminado como consecuencia de una fosa cercana que contenía una cantidad desconocida de vacas muertas, enterradas en el lugar luego de que miles se ahogaran en un accidente en el río cercano.
Por su parte, la compañía ha sostenido en la corte y ante fiscales que no hubo filtración de materiales tóxicos en febrero, lo que contradice las afirmaciones de investigadores que han dicho que descubrieron rastros de metales pesados en el suministro de agua.
Ese es el problema en Barcarena: que determinar una sola fuente clara de contaminación del agua podría ser imposible.
