Venezuela atacó a una organización humanitaria local en otro intento de tomar medidas enérgicas contra los grupos de la sociedad civil que el gobierno acusa de conspirar en su contra.
Funcionarios de seguridad que actuaban bajo la orden de un juez invadieron la sede en Caracas de la organización de derechos humanos Convite, dijo la organización en un tuit. Parte del equipo fue incautado y su director, Luis Francisco Cabezas, fue llevado a una estación de policía local, donde estuvo detenido durante dos horas, escribió el grupo en las redes sociales esta tarde.
“No somos el problema. Somos parte de la solución ante tanto sufrimiento”, tuiteó el grupo. “Basta de hostigamiento y persecución”.
Convite, un grupo formado en 2006 que se enfoca en segmentos vulnerables de la población, como mujeres, niños y ancianos, es la tercera organización local no gubernamental allanada por funcionarios de seguridad desde el mes pasado y parte de un patrón creciente de intimidación por parte del Gobierno de Nicolás Maduro hacia grupos de derechos humanos.
La Asamblea Nacional recién elegida tiene la intención de sancionar una ley para restringir las actividades de las organizaciones que reciben fondos de EE.UU., alegando que están conspirando contra el Gobierno, asegura el líder del partido gobernante, Diosdado Cabello.
Mientras tanto, Maduro ha detenido un acuerdo que permitiría al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas traer expertos en alimentación y nutrición al país. El Gobierno insiste en controlar la distribución de alimentos y la ayuda a través de su sistema estatal, incluso a través de la participación de la milicia.
El PMA requiere una distribución neutral y no política, lo que hace que la participación de la milicia sea potencialmente problemática. La necesidad de redes de ayuda alimentaria es grande. Una investigación del PMA realizada en Venezuela descubrió que más de 2 millones de personas padecen inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones moderada, lo que significa que casi un tercio de la población padece algún tipo de inseguridad alimentaria.
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A fines de noviembre, funcionarios de seguridad registraron las oficinas de dos grupos venezolanos de ayuda alimentaria, Alimenta la Solidaridad y Mi Convive, y el Gobierno congeló sus cuentas bancarias. Cabello dijo que la “oposición criminal” ha dado dinero a varias ONG, incluidas las dos allanadas.
La orden utilizada el martes para allanar las oficinas de Convite buscaba investigar al grupo por delitos relacionados con terrorismo, asegura Rafael Uzcátegui, coordinador general de otra ONG de derechos humanos, Provea. El fiscal general, Tarek William Saab, no respondió a una solicitud de comentarios. Funcionarios del Ministerio de Información no respondieron de inmediato a las solicitudes.
“Con la nueva Asamblea Nacional controlada por el Gobierno, comenzará un proceso para promover leyes regresivas sobre los derechos humanos que se utilizarán para justificar la persecución contra la sociedad civil independiente, incluidos los defensores de derechos humanos”, dijo Uzcátegui en un mensaje de voz.
