La Corte Penal Internacional (CPI) dio a conocer este lunes 14 de diciembre su Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020, que detalla la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La CPI analizó que hay “fundamentos razonables” para creer que desde 2017, las fuerzas armadas cometieron crímenes de lesa humanidad y privaciones de la libertad.
“Luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”, sostiene el examen preliminar, que se llevó a cabo desde el 8 de febrero de 2018.
Al respecto, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, bajo la titularidad de Fatou Bensouda, señala que hay información disponible que apunta a que autoridades civiles y miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno “han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, entre las que menciona “tortura, violación, violencia sexual, y persecución por motivos políticos”, entre otras.
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En ese punto, expresa además que, de acuerdo a información de la Fiscalía, los miembros de las fuerzas de seguridad son presuntamente responsables por la comisión material de estos presuntos crímenes.
Allí mencionan a la Policía Nacional Bolivariana (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (”DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”).
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Por otro lado, también informa que en estos hechos también participaron de la represión de opositores “individuos a favor del Gobierno” o “gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
Por todo esto, la CIP sostiene que “se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.
AGMC
